sábado, 6 septiembre 2025
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Botados por pensar diferente

Cristina Linárez |  LA PRENSA.- Pensar diferente al Go­bierno y manifestarlo pú­blicamente les ha costa­do el puesto de trabajo a algunos empleados de Sidetur, Corpoelec, Mo­vilnet, Seniat y de la Zo­na Educativa. Siete afec­tados denunciaron ayer estas acciones de las empresas ante la Defensoría del Pueblo, en compañía con la ONG Movimiento Vinotinto.

Según esta ONG hay 17 casos de despidos en La­ra, 45 a nivel nacional y 180 denuncias de acoso o desmejoras laborales.

Manuel Virgüez, inte­grante de Movimiento Vinotinto, dijo que hay trabajadores que han si­do desmejorados con su sueldo o despedidos, por participar en las protes­tas contra el gobierno, por no haber votado a fa­vor a la Constituyente, por publicar mensajes antigubernamentales en redes sociales y hasta por no haber podido llegar a su trabajo durante las manifestaciones.

Para Virgüez este tipo de casos atentan contra los derechos establecidos en la Constitución, por lo que hace el llamado a que afectados por estas acciones en empresas del Estado para que dejen el temor y la apatía, y se atrevan a denunciar para hacer valer sus derechos.

Siete afectados que de­nunciaron ayer despidos aseguraron que hay mu­cho acoso hacia el perso­nal, sienten que les pro­híben “el libre pensa­miento”.

Ana Giménez, quien luego de trabajar 12 años para la empresa Movil­net, fue despedida junto a cinco empleados más, con la justificación de “haber cometido una fal­ta grave”, pero no les no­tificaron con exactitud cuál fue la falta grave.

Luego de quedarse sin trabajo, Giménez asegu­ra que se enteró de que perdió el empleo por no haber asistido a la vota­ción de la Asamblea Na­cional Constituyente (ANC), la cual se realizó el pasado 30 de julio, 10 días después, fue despe­dida.

Un trabajador de Side­tur, que no quiso revelar su nombre, denunció en la Defensoría del Pueblo los despidos injustifica­dos en la empresa. Co­menta que hace 15 días fueron despedidos cua­tro empleados a quienes tampoco le dieron su li­quidación por no seguir la línea política de la em­presa. “Trabajamos bajo el acoso de supervisores, quienes andan “puro vi­gilando que uno no ha­ble mal de Gobierno”, añadió.

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