LA PRENSA.- “Cuando un médico pide a los enfermos el Carnet de la Patria para atenderlos yo siento indignación, rabia y tristeza. La violación de derechos humanos en Venezuela es cada vez más evidente y estas cosas no hacen sino quitarle la careta a un gobierno dictatorial”.
Con estas palabras el abogado Carlos Fuentes, asesor legal del grupo médico Lara Entera por la Salud, cuestionó la solicitud del Carnet de la Patria para entregar medicinas por parte de los CDI.
El abogado dijo que en ningún país democrático las autoridades sanitarias piden algún documento para prestar el servicio al pueblo. “Lo que yo entiendo es que si necesito un medicamento debo sentarme y esperar la muerte porque quienes lo tienen no me lo van a dar. Eso sí es fascismo y debe ser condenado”, soltó.
Para Fuentes el Gobierno nacional sólo busca generar dependencia en la población venezolana y por eso han creado estrategias de este tipo. “Ya lo hicieron con la comida y ahora van con la salud.
Es lamentable que estemos siendo gobernados por personas que prioricen el poder por encima del pueblo”, soltó. Nelson Fréitez, integrante de la Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA compartió la opinión de Fuentes y dijo que el Gobierno nacional ha tocado fondo con estrategias que sólo buscan garantizarle la permanencia en el poder.
“Asco es lo que da cuando vemos en los medios las exigencias que hace el Gobierno nacional para cumplir con lo que dice la Constitución. El Carnet de la Patria es un documento que carece de legalidad y los gobernantes lo están convirtiendo en una necesidad”, dijo Fréitez.
Los abogados han plantado cara a la estrategia del Gobierno nacional y por eso fueron ayer a la Defensoría del Pueblo a repudiar este tipo de acciones. “No aceptamos la manipulación”, dicen.