Lorena Rojas | LA PRENSA DE LARA.– Con la consigna «derecho que no se defiende, derecho que se pierde», 34 gremios y sindicatos del estado Lara se sumaron a la protesta nacional que se replicó en 17 estados para exigir la derogación definitiva del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), reivindicaciones de sus derechos laborales y la liberación de trabajadores que han sido detenidos por denunciar. La manifestación inició con una concentración en la plaza Altagracia y posteriormente una marcha hasta la Inspectoría del Trabajo.
Esta protesta se realizó en el marco del Día del Trabajador Público, el cual se «celebró» el pasado domingo; sin embargo, los gremios que participaron como el educativo, salud, administración pública, entre otros, aseguraron que no había nada que celebrar, debido a que cada vez son más «pisoteados» por las pocas condiciones que tienen para desempeñarse en sus áreas de trabajo.
Alberto Domínguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales (IVSS) y de los jubilados, aseguró que la calle ha sido la única forma de dar a conocer las precarias condiciones en las que se encuentran los trabajadores de la administración pública, pues los organismos que tienen competencia y que deberían «defenderlos» no les dan respuesta a sus solicitudes.
«Hemos entregado innumerables documentos a la Inspectoría del Trabajo, a la Defensoría del Pueblo, Contraloría, Fiscalía, Gobernación y a todos los entes públicos que tienen competencia para responder sobre el tema y no ha sido posible, es por eso que estamos tomando la calle como la única vía democrática y constitucional para expresar nuestro rechazo a las malas decisiones de un gobierno antiobrero», dijo.
Gremialistas aseguraron que actualmente no cuentan con las condiciones para vivir una vida digna, puesto que cada vez su calidad de vida se va desmejorando. Rechazan el salario mínimo que reciben, el cual es de Bs. 130 al mes y que en divisas equivale a precio de la tasa del BCV del 06/09, a tan sólo 16.37 dólares.
«No hay nada que celebrar, pero sí mucho que reclamar, estamos protestando en contra del manual Onapre y en contra de todas las decisiones que ha tomado el Gobierno en contra de los trabajadores, no podemos quedarnos callados cuando no tenemos ninguna calidad de vida, no hay un HCM que cubra nuestras necesidades de salud, tampoco tenemos seguro funerario, algunos de nuestros trabajadores han fallecido y no pudieron tener un entierro digno», aseguró Fátima Dos Santos, presidenta del Sindicato Único de Empleados Administrativos de la Unexpo (Sueaunexpo).
Trabajadores también indicaron que se han mantenido en las calles, pese a los atropellos que han recibido, amenazas e incluso detenciones de algunos sindicalistas que por denunciar se vuelven un «blanco» para los cuerpos de seguridad.
«A pesar de las persecuciones, amedrentamiento e inclusive atropellos del movimiento sindical aquí estamos los trabajadores de todos los gremios, en este caso los trabajadores del sector eléctrico alzando la voz. No podemos permitir el atropello constante que se ha tenido contra el derecho de los trabajadores jubilados, pensionados y sobrevivientes… el articulo 91 es muy claro, el trabajador tiene que tener acceso a la salud, vestimenta, alimentación, educación y nada de eso es posible con lo que estamos percibiendo mensualmente», denunció Alberto Perozo, secretario de Reclamos del Sindicato de Corpoelec.
Otro de los reclamos que hicieron los trabajadores y sindicatos fue el que no se les paga a tiempo los pocos «beneficios» que aún tienen.
Naudy Torres, presidente del Sindicato de Obreros Educacionales del estado Lara, aseguró que no se les ha cancelado el pago pendiente de uniformes, ayuda escolar y 28 días que están contemplados en la convención colectiva por vacaciones. Asimismo ocurre con los trabajadores de las bibliotecas públicas, según denunció Lidise Rodríguez, quien forma parte de la nómina.
«Desde el mes de febrero los trabajadores estamos esperando que nos paguen el retroactivo de vacaciones, nos dicen que no hay plata, pero para otras cosas sí», denunció Rodríguez.
Voceros de los gremios aseguraron que esta no será la única vez que saldrán todos a las calles, pues se mantienen en constantes reuniones de planificación para accionar actividades para seguir visibilizando sus problemas.
Piden a jubilados estar alertas
«Estamos haciendo una alerta a todos los jubilados y pensionados, ya que el gobierno central piensa agarrar todas las nóminas, nacionales, estadales y municipales de los jubilados y pensionados para pasarla a la nómina de pensionados del seguro social, lo que nos quitaría todos los beneficios que tenemos», dijo José Aguirre de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Gobernación del estado Lara.& ;
Aguirre precisó que perderían algunos de los beneficios, como la garantía de los contratos colectivos, las tablas de tabulación y además violentaría el artículo 91 de la Constitución porque se les desmejora la calidad de vida.& ;& ;
«La nómina pasa de 5 mil, pero administrativos jubilados son 2.242, le hacemos un llamado a que dejemos el conformismo, porque si nos quedamos de brazos cruzados no tendremos a quién reclamar nuestros derechos», aseguró Aguirre, quien estuvo acompañando la protesta.
Necesitan una reunión
José Rodríguez, representante de los jubilados de las diferentes dependencias de la Alcaldía del municipio Iribarren, aseguró que han dejado de percibir muchos beneficios con la Onapre, además hicieron un llamado al alcalde, Luis Jonás Reyes, para que los escuche.
«Le hacemos un llamado al alcalde para que seamos tomados en cuenta, debido a que en varias oportunidades nos hemos dirigido solicitando que nos otorgue una audiencia, él nos dice que no acepta aglomeraciones, pero nosotros podemos realizar una comisión de menos personas para que seamos atendidos», dijo Rodríguez, quien indicó que actualmente hay 560 jubilados porque ya muchos fallecieron.
También le hizo un llamado de atención a la gerente de recursos humanos.
Necesitan actualizar salarios
«La masa trabajadora necesita de la revisión y de la actualización de su salario, porque no alcanza ni siquiera para alimentarse, un salario de indigencia, de pobreza y sin mencionar la seguridad social que no existe, no tenemos HCM, no contamos con hospitalización, cirugía, maternidad y nosotros, los educadores, con el Ipasme destartalado», así lo dijo Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores en Lara.
Explicó que actualmente los docentes estarían subsidiando la educación, porque en las instituciones no cuentan con las condiciones para impartir sus clases, por lo que aseguró que se mantendrán en las calles.
«Vamos a seguir en la calle por el respeto al artículo 91, por tener un salario digno que nos alcance para vivir el trabajador y su familia, así como también a luchar por el artículo 81 que establece que los derechos son irrenunciables, intangibles, progresivos y con permanencia», expresó.
Economía es muy crítica
José Reinaldo Lugo, tercer vicepresidente de la Central de Alianza Sindical Independiente (ASI), aseguró que la situación económica en la que se encuentran los trabajadores cada vez se vuelve más difícil.& ;
«Se está violando la convención colectiva del sector público, lo que ha dejado en una situación muy crítica a la economía de todos los trabajadores, es por eso que estamos haciendo un aporte de nuestro tiempo a nivel nacional», dijo Lugo.& ;
Asimismo, indicó que en el caso de la empresa privada también estarían pasando un momento crítico porque se han cerrado varias empresas o están trabajando por debajo de su capacidad. Lo que asegura genera que no hayan nuevos empleos y que a nivel regional sólo cuenten con unos 2000 trabajadores.& ;
Convención colectiva olvidada
«Tenemos una convención colectiva, pero la Cantv no la honra, tenemos un plan de salud que no se está cumpliendo, los trabajadores activos, jubilados y pensionados no estamos siendo atendidos ni en atención primaria ni de emergencia. Es por eso que le hacemos un llamado al presidente de la empresa, al general Aldana, para que honre la contratación colectiva y tome en cuenta lo que estamos padeciendo», denunció Juan Carlos Pérez, quien es jubilado de la empresa estatal de telecomunicaciones Cantv.& ;
El jubilado también destacó que serían aproximadamente unos 11 mil trabajadores jubilados y pensionados a nivel nacional los que se están viendo afectados por esta situación, debido a que tienen que apoyarse de familiares para poder superar las enfermedades que puedan padecer y a su vez sobrevivir, pues lo que devengan por la empresa no es suficiente para costear ni los gastos básicos.
Sindicato alerta por «cierre técnico» del Inces
El secretario general del sindicato de trabajadores del Inces seccional Lara, Arístides Basaldella, aseguró que el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) estaría en un cierre técnico porque habrían llegado personas a enriquecerse con la institución sin invertir en los programas.
«Tenemos que luchar por sacar de esa institución a quienes llegaron a lucrarse y acabar con la institución, prácticamente estamos en un cierre técnico porque hay una destrucción de todos sus ambientes educativos, talleres y por supuesto hay una precarización de los trabajadores», dijo.
Basaldella destacó que los trabajadores, además de percibir bajos sueldos no están siendo formados porque el Inces no los estaría capacitando como lo hacía en años anteriores.
«Hay deterioro en las instalaciones, el parque automotor, el HCM lo pulverizaron, está la violación constante a la contratación colectiva y un acoso constante a los trabajadores», comentó. Precisó que serían unos 300 trabajadores los que se ven afectados.
Asimismo, indicó que en el Inces se estarían reportando muchos robos y hurtos de los cuales nadie da cuenta, de ellos los más afectados son los talleres y laboratorios de computación.