Jennifer Orozco | LA PRENSA DE LARA – «La revolución se olvidó de nosotros». Así, entre lágrimas, declara Rosa Morales, quien dice que ha pasado 6 años «arrimada» con su hija en el apartamento 2 de la Zona 23, torre C del urbanismo Alí Primera, esperando que la gente de Inavi les cumpla con la promesa que les hicieron en 2014 en una jornada, que era asignarles un apartamento allí en el mismo complejo.
Morales duerme con su esposo dentro de un pequeño cuarto donde están todos los corotos que se trajo de su ranchito en el barrio 12 de Octubre, cuando en el 2014 se lo declararon inhabitable, pues casi le cae encima. En el otro cuarto duermen sus 3 nietos «arrejuntados», pues en el otro cuarto duerme su hija con su esposo.
«Si no fuese por mi hija estaría en la calle. Cuando tuve que salir de mi rancho, mi hija me recibió y asistimos a una jornada que hizo Inavi, con el ingeniero Néstor Moreno, quien aseguró que estaban revisando los apartamentos para saber cuáles no estaban habitados y así cederlos a los que esperan, nos censaron y aquí estamos, 6 años después. Hemos visto cómo desocupan apartamentos de gente que se ha ido al extranjero y meten a otras personas que no están censadas aquí», dijo Morales.
Ese mismo Néstor Moreno, quien fue cambiado este año por Héctor Bastidas, le prometió a otras 13 familias lo mismo y a ninguna les cumplió. El nuevo director de Inavi, Bastidas, envió un equipo el pasado sábado, para revisar los apartamentos desocupados nuevamente. «Intentamos acercarnos al equipo de Caracas y las FAES nos sacaron amedrentándonos, los uniformados junto con colectivos nos empujaron, nos apuntaron con armas largas», denuncia Morales.
En la misma situación está su hermana, Nancy Morales, quien tiene orden de desalojo de un rancho en La Granja de El Carmen, pues los bomberos aseguran que la zona es inhabitable. La señora se fue a vivir con un sobrino a Alí Primera para entrar en el censo y aunque la anotaron nunca le entregaron nada.
«Las 14 familias pagamos ese censo, nos pidieron a cada familia un cilindro de gas doméstico, comida, viáticos y pasajes para que la gente de Inavi pasara el día aquí en la jornada de censo y nos pudieran otorgar el apartamento. Entregamos además una carpeta con documentos que se llevaron supuestamente a Caracas para que en unos meses tuviésemos nuestra casa, y nada», dijo.
Dayaris Rivero vive en situación extrema, pues en un apartamento vive ella y su esposo con dos niños, su hermana con dos niños y su mamá con otra de sus hermanas adolescentes, para un total de 9 personas en un apartamento de solo tres habitaciones. «Si nos hubiesen dicho que no había chance ya hubiésemos buscado en otra parte, pero estamos censados y nos han olvidado», dice la mujer.
Benita Pereira es una de las más afectadas. Ella vive sola, pero en un galpón donde supuestamente funcionaban unas oficinas, donde no hay baño, y el techo está tan dañado que cuando llueve se le inunda el espacio. Además debe andar en una silla de ruedas, pues sus piernas fueron amputadas, tras presentar una crisis de diabetes hace 5 años.
«Aquí no sólo la vivienda, hasta el CLAP me han negado; me dicen que yo no vivo aquí, vivo es de lo que recojo en la calle, y sólo como cambur y pan, pues no tengo cocina. Soy diabética y no tengo para el tratamiento», asegura.