EFE | LA PRENSA DE LARA.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este martes que «las fuerzas represivas (policiales)» de Venezuela «están a la caza de periodistas que cubren las noticias», especialmente las relacionadas con protestas, la covid-19 y los servicios.
A esos periodistas, «los agreden físicamente y los despojan de sus cámaras y celulares», señala un informe preliminar presentado en la 77 Asamblea General de la SIP, que debe ser aprobado por la Comisión de Libertad de Prensa durante la reunión.
En el mismo, señala que, en Venezuela, «operan muchos medios» en línea que son independientes y, regularmente, son «bloqueados por instrucciones del poder Ejecutivo a las compañías telefónicas».
Difícil situación de los periodistas
«A estos medios y los pocos que quedan en el país se les hace bastante difícil realizar su trabajo debido a la persecución permanente a sus periodistas», añade.
Al respecto, menciona un informe del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en el que reportaron que, en el primer mandato presidencial de Nicolás Maduro (2013-2018), desaparecieron 115 medios de comunicación.
En este sentido, subraya que más de 60% de la población «se entera de alguna noticia a través del canal oficial» del Estado y «no hay medios independientes ni de televisión ni de radio».
«Los que existen son oficiales o están autocensurados. Los periódicos y las revistas no tienen acceso a poder imprimir libremente, ante la falta de acceso al papel», agrega.
Sobre internet, advierte que «pasa por bloqueos discrecionales» o existe un «acceso muy limitado», lo que llevó a Venezuela a ocupar «el último lugar» en calidad de conexión a internet en América Latina.
«La situación de los medios es catastrófica, casi cumpliéndose la promesa del Plan de la Patria de la hegemonía comunicacional (del Gobierno), similar al modelo cubano», agrega.
La toma de El Nacional
A lo largo de este año, consideran que «el evento más destacado fue la toma de las instalaciones» del diario El Nacional por los cuerpos de seguridad del Estado.
«Con base en el juicio de difamación contra El Nacional introducido por Diosdado Cabello, el Tribunal Supremo de Justicia condenó al periódico a pagarle 13 millones de dólares» por la difusión de una noticia, recuerda.
La noticia, «que involucra a Cabello con actividades ilícitas», fue publicada inicialmente «en el diario español ABC y el diario norteamericano The Wall Street Journal», pero posteriormente «fue reproducida por más de 80 medios y las principales agencias internacionales».
Entre las «principales agresiones contra periodistas y medios», destaca que, el pasado 15 de abril, el SNTP denunció que funcionarios vinculados a la gobernación del estado Aragua hostigaron a la periodista Gregoria Díaz, corresponsal del portal Crónica Uno y delegada voluntaria de ese sindicato «por una nota sobre la escasez de camas para pacientes con covid-19».
El 28 de mayo, el periodista Martí Hurtado «estuvo desaparecido por más de 12 horas, luego de que un cuerpo policial sin identificación allanara su casa» en el municipio de Punto Fijo, en el estado Falcón.
Ese mismo mes, en Lara, las periodistas Naikarys Cordero y Eliagnis Mora, así como el fotógrafo Dani Sosa, del diario El Informador, «fueron amedrentados por presuntos funcionarios» de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía «que no portaban uniformes» y les obligaron a borrar el material que habían grabado.
También a principios de octubre, «sujetos que vestían uniformes de la Policía Nacional Bolivariana, y a bordo de motos, asaltaron y le dispararon al reportero gráfico Ronald Enrique Peña, del portal El Pitazo, en Caracas. No resultó herido, pero le robaron su moto, documentos y el teléfono».
EFE