Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Según el Centro para los Defensores y la Justicia, desde el año 2002 en Venezuela el Gobierno ha creado un marco legal para limitar el trabajo que vienen desarrollando Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en el país, con el propósito de silenciarlas, debido a que han sido una voz crítica para denunciar las violaciones de derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja. Según Marianna Romero, directora de esta institución, el propósito del oficialismo es «criminalizarlas» e intervenir los recursos económicos que reciben de organismos internacionales, como agencias, embajadas o hasta de la Iglesia Católica para ayudar a la población más vulnerable.
Desde el 4 de mayo se discute en la Asamblea Nacional (2020), un proyecto denominado Ley de Cooperación Internacional, cuyo origen data de 2006 y que ha sido desempolvado por el chavismo para amenazar a las organizaciones civiles, con el propósito de que se inscriban en un subregistro nacional y emitan información de la cantidad de recursos que reciben, quiénes son los cooperadores y quiénes son los beneficiarios. De lo contrario, plantean que podrían quedar al margen de la ley.
Según Romero, esta Ley de Cooperación Internacional es una de las 12 leyes que se han creado desde 2002 para cercar a las ONG, las demás son: La Ley de la Seguridad de la Nación (2002), las reformas al Código Penal venezolano en 2005 y 2021, la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional (2005), Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (2012), la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación (2014), el Decreto de Excepción y Emergencia Económica (2016), la Ley Contra el Odio y la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica (2017), la Medida de prohibición de registros de fundaciones y organizaciones no gubernamentales del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren) de 2019, el Decreto de Estado de Alarma emitido en 2020 con el inicio de la pandemia, la Resolución conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Interior y Justicia y Providencia Administrativa número 001 del año 2021, que obliga a revelar información confidencial, privada y sensible a las ONG.
«En reiteradas oportunidades, funcionarios han dicho que buscan condenar el tema de recursos por parte de potencias extranjeras a partidos políticos, a ONG en Venezuela para limitar la injerencia. En 2020, en 5 oportunidades hubo este tipo de señalamientos e insistencias porque se decía que los responsables de asumir cualquier tipo de recursos tenían que asumir sus responsabilidades, porque esto iba en contra de la soberanía. Estas acciones forman parte de la política basada en esa lógica del «enemigo interno», es decir, para el oficialismo las ONG son enemigos y por eso han buscado criminalizar, agredir y atacar a sus voluntarios«, resaltó.
Según Alí Daniels, director de Acceso a la Justicia «el Gobierno está cercando a las ONG porque se ha dado cuenta que ante las fallas de la oposición, los vacíos políticos de la oposición, las ONG tienen un criterio independiente y han seguido su trabajo, y esa coherencia al Gobierno le molesta. Hoy La Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Misión de Determinación de los Hechos, la Corte Penal Internacional y hasta la Organización Internacional del Trabajo, han condenado las violaciones de DD. HH. que se han cometido en Venezuela, y eso es gracias a las ONG, por eso nos persiguen».
«Viola la Carta Magna»
El coordinador de la Red de Derechos Humanos de Lara, Nelson Fréitez, precisó que este proyecto de Ley de Cooperación Internacional viola la Constitución de 1999, la libertad de asociación.
