EFE | LA PRENSA DE LARA.- La ONG Fundaredes alertó este miércoles del deterioro de la salud de su director, Javier Tarazona, detenido el 2 de julio de 2021 tras ser acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.
«Desconocemos las condiciones reales de reclusión en las que se encuentra nuestro director general quien, constantemente, presenta nuevas patologías que van deteriorando aceleradamente su estado de salud», dijo la coordinadora del área de Documentación y Derechos Humanos de Fundaredes, Clara Ramírez.
En un video publicado en la cuenta de Twitter de la ONG, Ramírez informó que un médico dio, recientemente, la recomendación de trasladar al activista a un centro de salud para practicar varios exámenes, pero no fue autorizado.
«Han transcurrido más de 15 días desde que a Javier lo examinó un médico general y recomendó que debía ser trasladado a un centro médico especializado a que se le realizaran diversos exámenes, entre ellos una endoscopia y una colonoscopia. Al día de hoy, 15 de junio, Javier Tarazona no ha sido trasladado a ningún centro médico», dijo Ramírez.
Recordó que el Estado venezolano es el responsable de los privados de libertad bajo su custodia y que debe ser garantizado su derecho a la salud.
«No queremos que Javier Tarazona sea el primer defensor de derechos humanos que fallece bajo custodia del Estado venezolano», advirtió Ramírez.
Desde Fundaredes insistieron en la solicitud de «libertad plena e inmediata» para el activista.
Tarazona fue capturado junto a su hermano Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García en el estado Falcón, cuando acudían a la oficina fiscal de la localidad de Coro, a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la Policía y agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), según informó la ONG.
No obstante, Rafael Tarazona y García fueron excarcelados el 26 de octubre, bajo el régimen de presentación.
La libertad de Tarazona, considerado la principal voz de denuncia en el conflicto desatado el año pasado en el estado Apure, fronterizo con Colombia, entre las Fuerzas Armadas y disidentes de las FARC, fue solicitada reiteradamente por diversas organizaciones.
Fuente: EFE