Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Un juez prolongó la «detención preventiva» de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, otros seis meses además de los seis que ya se le habían impuesto y que debían terminar el 12 de septiembre.
Según la defensa, la Fiscalía logró esta prolongación dividiendo irregularmente el proceso de Áñez en dos. La ley boliviana establece que la prisión preventiva debe durar un máximo de seis meses; luego de este periodo, los acusados tienen que estar sentenciados o pueden defenderse en libertad.
Según la expresidenta, la división de su proceso, cuando los hechos que se juzgan son los mismos, es una estratagema de sus acusadores para eludir esa obligación. «El único propósito de dividir este proceso, que además trata sobre los mismos hechos del primer caso, es simplemente tenerme sometida, con detención preventiva, de forma indefinida. Esto quedará en los anales de la historia judicial», declaró Áñez ante el juez que trata el caso.
Jeanine Áñez está presa desde el 12 de marzo de este año por haber asumido la presidencia del país en 2019 mediante un golpe de Estado, según la acusación. Los cargos en su contra son terrorismo, sedición y conspiración. Los mismos fiscales que la procesan por estos cargos añadieron, por separado, otros dos: resoluciones contrarias a la ley e incumplimiento de deberes.
Los dos procesos están enfocados en el juramento de Áñez como presidenta ;después de la renuncia de Evo Morales a esta posición; sin haber sido designada expresamente por la Asamblea Legislativa, que no había podido reunirse por la no asistencia de los parlamentarios de la mayoría congresal, los militantes del Movimiento al Socialismo (MAS).
Quienes respaldaron la asunción de Áñez alegan que esta no necesitaba de un procedimiento legislativo porque un país no puede quedarse sin Gobierno y la entonces segunda vicepresidenta del Senado era la única que restaba en la línea de sucesión luego de que el vicepresidente Álvaro García Linera y los jefes de ambas cámaras renunciaran. Esto la convertía en presidenta «ipso facto». Esta interpretación fue avalada en su momento por un comunicado del Tribunal Constitucional. Sin embargo, hace unos días este se ha retractado del mismo.
La oposición acusa a Morales de haber obligado a renunciar a todas a las autoridades que estaban detrás de él para crear un «vacío de poder» y el caos social. El expresidente ha aceptado que estuvo al tanto de la renuncia de la cabeza del Senado, pero atribuye las demás dimisiones a las amenazas y ataques que entonces recibieron los parlamentarios del MAS por parte de los grupos movilizados en contra de un supuesto fraude en las elecciones de octubre 2019.
Días atrás, la Fiscalía dio por terminado el juicio que había iniciado durante el Gobierno de Jeanine Áñez por este alegato de fraude. Citando una auditoría informática realizada por un catedrático de la Universidad de Salamanca, el fiscal general Juan Lanchipa señaló que si bien hubo ordenadores que se conectaron sin autorización al sistema de cómputo, estos no pudieron alterar los resultados finales de las elecciones, que determinaron la victoria a Evo Morales.
Esta decisión ha sido rechazada por los comités cívicos, las instituciones que encabezaron las manifestaciones de 2019 y que marcharán este jueves en todas las ciudades del país en contra del sobreseimiento. Según la oposición, la justicia está enteramente al servicio del oficialismo.
La abogada defensora de Áñez contó que su representada está extrañada por la actitud de Lanchipa, que cuando ella era presidenta buscaba ayudarla y ahora es su «perseguidor implacable». Human Rigths Watch y otros organismos de derechos humanos han expresado en el pasado su preocupación por la falta de independencia de la justicia boliviana respecto del Poder Ejecutivo.
Fuente: