Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.– Una infraestructura deficiente en inversión, falta de equipos y los pocos que hay desactualizados, carencias en insumos y la mayoría de laboratorios cerrados. Es el escenario que desnuda la privatización indirecta en el sistema de salud pública denunciada por el gremio médico, cuando pacientes o familiares deben ubicar guantes, tapabocas y demás insumos o medicamentos de la lista del kit quirúrgico. Se conocen casos tan extremos en los que se debe «colaborar» con el agua y comprar varios botellones.
Especialistas del área de la salud respaldan la reciente denuncia de Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana (FMV), que detalla la violación de los derechos humanos en la «red asistencial en ruinas», en base al 80% de inoperatividad de los 301 hospitales públicos que se encuentran sin medicinas, con fallas en los equipos y hasta deficiencias en los servicios básicos, como agua y electricidad.
También solicitan un plan de recuperación que incluya a los 7 mil ambulatorios. Recordatorio al que se suma la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela para la reactivación de laboratorios con personal, reactivos y demás insumos, lamentando ese 88,7% de inoperatividad a nivel nacional que obliga a la realización de exámenes en centros privados.
«Impera la privatización indirecta», se queja Jaime Lorenzo, presidente de la organización Médicos Unidos de Venezuela, al recordar que los pacientes obligatoriamente deben recurrir a la atención en privado y sin recursos porque ni siquiera se garantizan los exámenes de laboratorio. «Luego del diagnóstico y con el ingreso hay un alto porcentaje que debe salir a buscar insumos, medicamentos y hasta agua», ante esto lamenta dicho deterioro al referirse a los familiares que tienen que ubicar la comida de sus pacientes.
Agrega que antes de la pandemia se presentaban estas dificultades en el sector salud, pero califica que empeoró tras la pandemia del covid-19 y que todavía existen servicios abiertos solamente por la resistencia del personal sanitario. «El Ministerio de Salud y Seguro Social no realizó una revisión del mantenimiento preventivo», lamenta y hasta incluye al Ipasme. Todo es una cadena enlazada por la falta de inversión permanente y de un plan fijo de mantenimiento, que hasta arropó a Barrio Adentro siendo un proyecto gubernamental.
Para Huniades Urbina, secretario general de la Academia Nacional de Medicina, «el pueblo está sin atención digna, en una espera que puede ir en detrimento de su integridad». Se refiere a esas emergencias en las que no cuentan con los recursos, al que suelen esperar para poder cubrir un presupuesto dolarizado.
Lara no escapa a esta radiografía y lo reitera René Rivas, presidente del Colegio de Médicos, al precisar que sin la inversión en hospitales tipo I ni en los ambulatorios, termina colapsando el Hospital Central Antonio María Pineda. «Hay un estimado de 85 por ciento de inoperatividad en la región, sólo cuenta con el recurso humano», se lamenta por esos médicos que se forman en este centro universitario y con especialistas realizando sus posgrados. «Sin dotación de insumos persistirá esta especie de privatización», rezongó.
Representantes de sindicatos del sector salud, como Euclides Durán y Alberto Domínguez reiteran la necesidad de un ajuste salarial por las desmejoras a la profesionalización. Piden se escuche a la FMV ofrecer la estimación salarial de $1.500, a razón de que países latinoamericanos llegan a los $2.500.
Culmina la salud gratuita
Ruy Medina, exdirector regional de Salud y del Hospital Central Antonio María Pineda, acompañado por el diputado José Ignacio Montes de Oca, recordó que «la salud es crítica, porque lo gratuito desapareció». Lamentó que en una lista de artículos familiares de pacientes lleguen a gastar de 100 a 120 dólares, que incluyen hasta los tapabocas del personal médico.
