Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.-& ; A tan solo cuatro meses de que culmine la gestión de los 15 diputados del Consejo Legislativo del estado Lara (CLEL), por las megaelecciones pautadas para el 21 de noviembre, el balance que hacen politólogos de lo que ha sido una gestión dominada por legisladores del PSUV es negativo, tras considerar que en los últimos tres años y dos meses, el parlamento regional no ha cumplido con dos funciones básicas para hacer valer el mandato del pueblo a través del voto: crear leyes que beneficien a los ciudadanos y al estado, y ser contralores del gobernador.
«Desde que inició la pandemia en marzo de 2020, el CLEL se ha mantenido en una paralización técnica», soltó el diputado José Carmona, del Partido Comunista de Venezuela, que desde 2020 hace oposición al PSUV. Indicó que para evitar aglomeraciones se suspendieron las plenarias y las sesiones ordinarias abiertas al público, a raíz de eso se designó una comisión delegada integrada por el presidente, diputado Ramón Suárez, la vicepresidenta Elimar López y algunos presidentes de las comisiones permanentes del CLEL, que se encargan de aprobar créditos adicionales y atender asuntos ordinarios. «No hay un debate político para escuchar las principales necesidades que afectan a los larenses», denunció.
«Solamente se convoca a la plenaria para la aprobación de leyes y los presupuestos que tienen que ver con el Consejo Legislativo y lo que indica expresamente tanto el Reglamento como la Ley Orgánica de Los Consejos Legislativos que requiere el quórum de la plenaria. Las reuniones ordinarias de las comisiones han estado bien disminuidas, básicamente porque hasta el propio personal se le hace muy cuesta arriba llegar a las oficinas por la escasez de transporte público», informó Grace Lucena, diputada por el partido Avanzada Progresista.
Asegura que el CLEL se ha limitado a aprobar créditos adicionales al gobernador para pago de sueldos y salarios, pero que se dejaron de evaluar presupuestos para obras que impulsen el desarrollo del estado
«Desaparecieron los créditos y solicitudes para comprar los químicos para la potabilización del agua, y en el CLEL no hay nadie que dé respuesta de eso. En marzo de este año, cuando las lluvias arrastraron entre 50 y 70 metros de tubería del Sistema Alto Tocuyo en la quebrada Botucare del municipio Jiménez, que provocó la suspensión del servicio por varios días, al CLEL nunca llegó a un crédito adicional para atender esa emergencia, ¿cómo la atendieron, con qué recursos?, no sé porque nunca llamaron a los parlamentarios para aprobarlo», comentó Lucena, quien lleva ocupando el cargo de diputada regional en los últimos 13 años.
Marisol Bustamante, politóloga, resaltó que una de las primeras acciones que hizo el CLEL cuando Yanis Agüero era presiente del CLEL, fue modificar el Reglamento de Interior y de Debate. «Lo hicieron para montar acciones de activismo partidista, con la excusa de crear un parlamento de calle y hacer sesiones en las comunidades, pero lo que realmente han hecho es realizar actividades relacionadas con la militancia del PSUV», expresó.
Sin transparencia
En materia de creación de leyes, el CLEL ha sancionado 26 leyes desde 2018 a la fecha. Cuatro han sido derogadas y cinco han sido reformadas, existen 17 normativas legales nuevas que tienen que ver con modificaciones de las instituciones de la Gobernación de Lara.
Estas leyes no han sido difundidas para que la colectividad las conozca. No están publicadas en un portal web para que los ciudadanos se enteren o puedan descargarlas y leerlas, tampoco han sido publicadas en las dos redes sociales que tiene el parlamento de Instagram y Twitter con el usuario @cle_lara2021.
«Organizaciones y sociedad civil no tienen una data para realizar estudios del estado y evaluar al gobierno regional, porque en esta materia hay total oscurantismo. El CLEL está para legislar leyes en el ámbito estatal, sus funciones van más allá de aprobar créditos adicionales. Al no cumplir con esta función, el parlamento está en mora con los ciudadanos, con sus electores y con el estado», explicó Germán Aponte, politólogo.
Indefensión total
La politóloga, Marisol Bustamante, sostiene que basta evaluar el colapso de los servicios públicos que existe en Lara para poder determinar la ausencia total de un Poder Legislativo regional.
«El CLEL es el que debe aprobar el presupuesto del estado que maneja el gobernador, es una función primordial, pero cuando uno ve que las comunidades padecen porque no les llega el agua por tubería estando en una emergencia humanitaria por pandemia, cuando las amas de casa tienen que cocinar con leña porque les dejó de llegar el servicio de gas doméstico, eso evidencia que a nivel regional estamos carentes de vigilancia y contraloría», apuntó.
Por su parte, Germán Aponte sostiene que el ciudadano se encuentra en un estado de indefensión porque desconoce, incluso qué proyectos se están ejecutando en el estado. «Aquí no sabemos qué obras se están realizando, cómo se están ejecutando, cuánto dinero se está gastando, para determinar si son prioritarias o no. Todo eso dejó de hacerlo tanto el Consejo Legislativo del estado Lara como en los nueve concejos municipales que existen», mencionó.
Denuncian «desvío de créditos»
Julio Marín, presidente del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Lara (Sepeel), denunció que los créditos adicionales que cada semana solicita el gobernador encargado Adolfo Pereira, para la partida presupuestaria 401 que tiene que ver con el pago de nómina en las instituciones, no están llegando a las cuentas bancarias de cada trabajador.
«Hace más de dos semanas solicitamos ante el CLEL que se iniciara una investigación contra el gobernador de Lara porque los salarios y quincenas no están siendo pagados como lo establece la ley. Nos están cancelando un salario base equivalente a dos dólares quincenal, pero han suprimido ilegalmente la cancelación de primas salariales como lo establece la contratación colectiva«, informó.
Afirmó que tal solicitud aún no ha sido atendida porque la mayoría de los diputados del CLEL no acuden a la sede del parlamento regional, ubicada en la calle 25 entre carrera 17 y 18. «Esos diputados están haciendo campaña para las elecciones primarias que tiene el PSUV. La información que nos dieron fue que no volvieron, que han olvidando la gestión de ser contralores de las políticas públicas que se deben desarrollar en el estado», expresó.
Afirma que en el pasado los diputados del CLEL antes de aprobar un crédito adicional, llamaban al presidente y directivos de los sindicatos de cada institución del Ejecutivo regional, para verificar si estaba apegado a derecho. Desde que el partido de gobierno domina por completo el parlamento, no han vuelto a ser convocados, sostiene.
«En el CLEL son cómplices de la destrucción de la clase trabajadora, no es posible que el gobierno regional esté suspendiendo el salario de los trabajadores que no puedan acudir a cumplir funciones porque el sueldo no les alcanza para pagar el transporte público. Están irrespetando la inamovilidad laboral y nadie se pronuncia sobre eso», cuestionó.
Dice que desde 2017 a la fecha, el 70% de los trabajadores de la gobernación han renunciado por los salarios tan bajos que devengan.
«Ha habido un cambio positivo»
Saúl Osío, diputado por el PSUV del CLEL, indicó que desde el 2018 ha habido una transformación del parlamento regional. «La dinámica de la situación económica del país ha hecho que se modificaran normativas como la Ley de Administración Pública del estado Lara, que permitir aprobaciones presupuestarias para la gobernación de manera rápida para atender la emergencia del coronavirus, y por el debilitamiento del bolívar por la hiperinflación«, indicó.
Informó que una de las leyes nuevas que creó el parlamento regional fue la Ley para la Protección y la Defensa de la Salud Natural en el estado Lara, que intenta regularizar el uso ancestral de la medicina natural en el estado.
Hace dos meses, desde el CLEL crearon una comisión especial que preside Osío, que tiene que ver con el uso de criptoactivos. «La economía demanda construcción de un ecosistema de economía digital», precisó.
Sostiene que a pesar de las críticas, los diputados del PSUV no han abandonado la función de atender a los ciudadanos.
Sin seguimiento de gestión
La diputada Grace Lucena, indicó que desde que Carmen Meléndez era gobernadora, el CLEL no ha hecho seguimiento de la gestión de los presidentes de las instituciones del estado.
«En abril se aprobó en plenaria una moción de urgencia para llamar a comparecer al general Martín Maldonado, secretario de Seguridad Ciudadana y Paz del estado Lara, porque aprobó un decreto en donde prohíbe las manifestaciones públicas y el derecho a reunirse por la pandemia, violando el derecho de poder protestar como lo establece la Constitución. A la fecha, el funcionario no ha sido citado por el CLEL», reveló.
Denuncian a la directiva del CLEL
«La mayoría de los diputados de Lara siempre hemos tenido la disposición de aún con pandemia ir a cumplir con las obligaciones, pero creo que quienes dirigen el CLEL no han sido efectivos en legislar en función de los problemas del pueblo. Se dejaron de hacer debates, sólo se aprueban créditos adicionales. Hay una comisión delegada que decide los recursos de la gobernación y de las alcaldías, pero que no convoca a la mitad de los diputados», comunicó Jesús Superlano, diputado regional del partido Patria Para Todos.
Alega que por ser crítico al PSUV, no se le convoca constantemente a las sesiones.