Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Organizaciones de derechos humanos expresan preocupación por la «falta de claridad» sobre el rumbo de la investigación sobre los posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela que dirige el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reseña Efecto Cocuyo.
Los activistas exhortan al funcionario a hacer público los parámetros que rigen este proceso, incluyendo los potenciales casos y presuntos responsables a ser investigados.
En un comunicado, difundido este martes 12 de abril, también demandan que la oficina de la CPI, que se instalará próximamente en Caracas, cumpla con cinco principios:
1.- Una oficina efectiva
Solicitan que la oficina descentralizada de la CPI esté dotada del presupuesto necesario para cumplir con su mandato a cabalidad y tener un impacto real y significativo. «Esperamos que dicha oficina está debidamente representada por un personal de alto nivel, con la experticia y el conocimiento de la situación sobre el terreno«.
2.- Trabajo con todos los actores
Las ONG piden que se establezca una relación de trabajo y una cooperación efectiva con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Hasta la fecha, el fiscal solo ha mostrado la intención de estrechar lazos con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
3.- Protección para las víctimas
Exigen que la oficina pueda «constituir un espacio de diálogo genuino y seguro con víctimas, sus familiares, sus representantes, así como la sociedad civil (…) con las debidas garantías de que no se ejercerán represalias en contra de quienes se acerquen y cooperen con dicha oficina».
«Manifestamos nuestra preocupación por los pocos espacios de interacción con la sociedad civil que se han suscitado por parte de la gestión del fiscal Khan en el marco de sus dos visitas a Venezuela«, advierten.
4.- Complementariedad positiva
Proponen al fiscal incluir, dentro de su mandato, medidas de complementariedad positiva «con el fin de fortalecer la capacidad de los operadores judiciales de investigar crímenes de esta naturaleza, nos preocupan las escasas garantías existentes en el actual sistema de justicia para poder investigar de modo genuino, efectivo e independiente».
«Consideramos que, a pesar de las actuales reformas iniciadas por el Estado, el sistema judicial venezolano carece de la capacidad y voluntad de llevar a cabo procesos judiciales independientes frente a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos», exponen.
5.- Enfoque de género en la investigación
«Invocamos a la Fiscalía de la CPI a que, a lo largo de su investigación, adopte un enfoque de género necesario no solo al momento del análisis de los crímenes realizados, sino también en su interacción con víctimas, familiares y representantes.
Desde el seguimiento de varios organismos internacionales se ha evidenciado que las víctimas siguen enfrentándose a obstáculos jurídicos para acceder a una justicia eficaz, en especial las mujeres quienes experimentan dificultades específicas por motivos de género y son quienes suelen estar en primera línea de la lucha por la verdad, la justicia y la reparación», argumentan.
Las organizaciones firmantes:
Acceso a la Justicia
Alerta Venezuela
Amnistía Internacional
Centro de Justicia y Paz (Cepaz)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil)
Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic)
Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh)
Fundación para el Debido Proceso (Dplf)
Justicia, Encuentro y Perdón (JEP)
Justicia y Proceso Venezuela (Juyproven)
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola)
Organización Mundial Contra la Tortura (Omtc)
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
Robert F. Kennedy Human Rights
Vicaria de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
Women´s Link Worldwide