Ismar Álvarez G. | LA PRENSA DE LARA.- Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presentó una actualización oral del informe sobre la situación de los DD.HH. y abusos cometidos en Venezuela, días después de publicar un reporte sobre el deterioro de la situación en el país.

Durante el Consejo de DD.HH. de la ONU, reiteró su compromiso en la defensa de los venezolanos. «Confío en que pronto avancemos hacia el establecimiento de una oficina en Venezuela» dijo al manifestar que en el mes de septiembre presentará un nuevo informe complementario.

En sus declaraciones recalcó que las protestas sociales continúan en Venezuela ante un acceso «cada vez más difícil» a los servicios básicos. Asimismo destacó «la tendencia baja» de las muertes en el contexto de las manifestaciones y operaciones de seguridad, «sin embargo una sola muerte es demasiado» refutó.

Otro punto resaltado por la alta comisionada fue la vacunación masiva contra el coronavirus en el país. Bachelet solicitó que la inmunización sea accesible para todos los venezolanos. Además hizo referencia a la situación que vive el personal de salud en el país, siendo parte de la población que ha resultado más afectada por la pandemia.

Los médicos en reiteradas oportunidades han realizado llamados al Gobierno nacional, para que pedir la dotación de insumos de bioseguridad en los centros asistenciales, además han solicitado la vacunación contra el virus que ha cobrado la vida de 683 profesionales, según las cifras manejadas por la ONG Médicos Unidos, contabilizadas hasta el pasado 28 de junio.

«Se calcula que una quinta parte de los muertos por covid-19 en el país ha afectado a trabajadores sanitarios» sentenció Bachelet.

En el informe, Bachelet exhorta a la administración de Nicolás Maduro a:

1- Garantizar el acceso a la información y los datos públicos para monitorear y orientar adecuadamente las políticas públicas, particularmente en el contexto de la pandemia de COVID-19.

2- Priorizar una agenda legislativa orientada a fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos y evite la adopción de leyes y regulaciones desproporcionadamente restrictivas de las libertades fundamentales y del espacio cívico, y revisar las regulaciones y leyes adoptadas para asegurar que sean compatibles con las normas de derechos humanos.

3- Garantizar que los espacios para la participación de la sociedad civil se mantengan y amplíen y que cualquier restricción introducida en el contexto de la pandemia de COVID-19 sea estrictamente necesaria y proporcional para mitigar el impacto de la pandemia.

4- Garantizar que se den todas las condiciones para la celebración de elecciones libres, justas, pacíficas e independientes.

5- Asegurar que la acción judicial se guíe estrictamente por los principios de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia y otras normas nacionales e internacionales.

6- Asignar recursos suficientes para garantizar condiciones adecuadas de detención y acceso a la justicia.

7- Implementar una reforma integral de las instituciones y políticas de seguridad, para abordar de forma efectiva los problemas de derechos humanos y ofrecer reparación a las víctimas de violaciones de los DD.HH.

8- Implementar efectivamente un programa de protección de víctimas y testigos, para salvaguardar su integridad y garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos.

9- Realizar investigaciones independientes y exhaustivas sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas en el estado de Apure en el contexto de los enfrentamientos con grupos armados no estatales.

10- Permanecer comprometido con la implementación efectiva del plan de trabajo conjunto firmado con el ACNUDH, y su compromiso con los mecanismos internacionales de derechos.