Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Ya que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional chavista, ha anunciado la reanudación de las mesas de negociación con la oposición en México, debería tomarse en cuenta aquellos presos políticos que tienen un estado crítico de salud y que tienen más tiempo tras las rejas. Deberían por lo menos darle una medida menos gravosa, podría ser casa por cárcel, podría ser la de presentaciones periódicas al tribunal, pudiera ser cualquier otra medida que no sea la de reclusión y ojalá sean tomados en cuenta», expresó Joel García, abogado especialista en derecho penal y defensor de derechos humanos.& ;
Indicó que aunque se esperan nuevas liberaciones, hay un gran temor que el Poder Ejecutivo, que tiene el control de todas las instituciones del Estado, recurra a prácticas como el método «puerta giratoria», donde a medida que excarcela a ciudadanos detenidos arbitrariamente y sometidos a tortura por años, detiene a más personas por su pensamiento crítico.& ;
«En Venezuela solamente hace falta que usted sea incómodo al Gobierno para estar preso», alegó.& ;
El Gobierno liberó a dos presos políticos estadounidenses (Gustavo Cárdenas y Jorge Fernández), uno de ellos Ejecutivo de Citgo. ¿Hay expectativas que haya más liberaciones y bajo qué condiciones?
Sí, efectivamente. En ningún país donde se respete el Estado de derecho, el Poder Ejecutivo pudiera liberar a una persona. Sólo la Asamblea Nacional a través de una Ley de Amnistía y el Poder Ejecutivo sí y sólo sí se tratara del presidente de la República, al otorgar un indulto presidencial dictado en favor de determinada persona que ha sido condenada y ha sido procesada. Cuando vemos que Nicolás Maduro da la libertad a un preso político, entonces eso nos dice primero que no hay separación de poderes. Si se dan esas negociaciones en México, es posible que en los próximos días sean liberadas más personas, eso va a depender de los factores de oposición que deben mantener a los presos políticos como prioridad en la agenda.& ;
¿Por qué los presos políticos han sido una ficha del Gobierno para cumplir sus objetivos y quedar con la cara lavada ante el mundo?
Los presos políticos no son para quedar con la cara lavada ante el mundo, porque ya al tener presos políticos ya sabemos el autoritarismo que rige en Venezuela. Sin embargo, sí son fichas de canje, son rehenes, yo le llamo rehenes porque al único que usted puede liberar a cambio de algo yo lo llamo un rehén, porque si fuese un procesado judicialmente tiene una sentencia que puede ser: o usted lo absuelve porque es inocente o usted lo condena porque usted es culpable. Ahora si usted lo libera a cambio de algo, entonces deja de ser un preso para ser un rehén. Entonces el Gobierno va a querer obtener algunas ventajas sobre eso, quizás que se minimice o se eliminen sanciones de las que pesan sobre el Gobierno por parte de los Estados Unidos o Europa.& ;
Foro Penal Venezolano señala que quedan por lo menos 241 presos políticos en Venezuela, 131 son militares. ¿Hay personas que por su estado de salud o por tener más de una década presos, deberían ser considerados prioritarios en esas negociaciones?
Sí, por supuesto que la salud está por encima de cualquier otro derecho. Debería tomarse en cuenta aquellas personas que tienen un estado crítico de salud y por el tiempo que tienen ya preso deberían por lo menos darle una medida menos gravosa, podría ser casa por cárcel, presentaciones periódicas al tribunal, cualquier otra medida que no sea la de reclusión. Vemos cómo muchas veces han ocurrido liberaciones por parte del Ejecutivo entre gallos y medianoche, pero los militares siempre están excluidos, pareciera que hay un ensañamiento particular contra los presos del gremio militar, porque son muy pocos los militares que han podido salir en estas liberaciones o quizás ninguno.& ;
¿Los militares nunca forman parte de las listas que se discuten en la negociación?
Sí, por supuesto que sí, pero es el Gobierno el que los excluye. Yo particularmente se lo puedo decir, en otras liberaciones que han ocurrido en épocas anteriores, de ahí el Gobierno dice: «Militares no». Es decir, cuando piden lista de la actualización, el estatus de cada preso político solicitan que a los militares se les excluyan de esas listas.
Usted es defensor de Roland Carreño, quien tiene más de 500 días preso en El Helicoide. ¿En qué condiciones está?
Roland Carreño está preso arbitrariamente desde que Leopoldo López salió de Venezuela. Pareciera que fue como con ánimo de venganza o un preso sustituto del que se fue. Su estado de salud es bastante variado, dependiendo del estado de ánimo, de la tensión que sufre, su hiperglicemia depende de su alimentación. Y ahí está en fase de juicio. Por supuesto, que siendo Roland un preso político pudiera estar dentro de las personas que se pueda discutir sus liberaciones, ojalá esté allí.
¿Qué me dice del diputado Juan Requesens, cuyo caso usted también lleva?, él tiene casa por cárcel desde hace más de un año.
En el caso del diputado Juan Requesens, el miércoles 16 de marzo tuvimos la confirmación del juicio oral que no ha sido público. La juez ha violado el principio de publicidad y no ha permitido que el público como tal ingrese a las salas de audiencias. Eso es causal de nulidad. El caso de Requesens tenemos la confirmación de ese juicio luego de estar paralizado desde el 16 de diciembre. Si acaso cuatro personas faltan por declarar para que ese juicio termine, el Ministerio Público y la defensa den sus conclusiones. Lo razonable sería que la juez le diera su libertad plena, porque no ha podido demostrarse que sea copartícipe de los siete delitos que se le acusan.
El Gobierno ha tenido la costumbre de liberar prisioneros, pero aplicando el efecto puerta giratoria. ¿Existe el temor que esa práctica se mantenga?
Siempre va a existir ese temor porque en Venezuela solamente hace falta que usted sea incómodo al Gobierno para estar preso.
¿Logrará Maduro zafarse de una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI)?
Ciertamente lo que le preocupa al Gobierno es la investigación que realiza la CPI, porque las sanciones las ha sabido sortear a través de ese bloque de países que no son pro EE. UU. ni pro Europa, ellos logran vender oro, gasolina, venden el petróleo, las chatarras, etc, a través de terceras personas o de vías diferentes. Sin embargo, a la CPI por supuesto que deben temer. porque allí la responsabilidad es directa de personas, no es de un Estado, sino de personas y precisamente la CPI conoce de delitos, si y sólo si esos delitos que están contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma son cometidos de manera generalizada y sistemática.
¿La CPI no se va a conformar con condenas a autores materiales de crímenes de lesa humanidad?
No, porque en estos casos los funcionarios policiales que cometen el delito torturan, desaparecen forzosamente a una persona, detienen arbitrariamente aún recibiendo órdenes, no son sólo los responsables, también lo son los ministros que se adscriben esos funcionarios, como la vicepresidencia de la República o el presidente. Son delitos imprescriptibles que cualquier país que haya firmado y ratificado el Estatuto de Roma pudiese hacer preso a cualquier persona de esta en el tiempo que fuese, recordemos el caso de Augusto Pinochet, de Chile.
El próximo 16 de abril, al Gobierno se le vence el plazo para presentar un avance sobre investigaciones de crímenes de lesa humanidad desarrolladas en Venezuela. ¿Qué puede pasar para esa fecha?
El día 16, puede ser antes, vence el plazo que la CPI dio a Venezuela para que muestre, ofrezca qué ha hecho en la investigación sobre esos funcionarios que hayan posiblemente cometido crímenes de lesa humanidad para que informe qué avances ha tenido, para que informe la voluntad que tiene de llegar hasta el final. Sin embargo, yo participé en el caso de David Vallenilla, el joven que fue asesinado en la cerca perimetral de la Carlota por un efectivo de la aviación. Yo estuve en ese juicio y en ese juicio se condenó solamente a ese sargento que disparó, pero él señaló allí en pleno juicio quién era su superior inmediato, es decir, quién le daba las órdenes. Sin embargo, él fue sentenciado, solamente el autor material del crimen.
«Reforma Judicial es una fachada»
«Esas reformas que hace la Asamblea Nacional son una fachada para hacer ver que en Venezuela la forma de hacerse justicia está cambiando. Yo digo que es una reforma para que nada cambie», alegó Joel García, abogado.
Asegura que la reforma de la Ley Orgánica del TSJ que cambió de 32 magistrados ahora a 20, es porque se está negociando la escogencia de magistrados de la oposición que tendrá una representación, pero no podrá tomar decisiones de peso.
«Yo respeto a quienes se postularon y tienen su legítimo deseo de acceder a ser magistrado, pero lejos de ayudar yo creo que lo que hacen más bien es lavarle la cara a este régimen ante la CPI», dijo.& ;
Considera que un posible escenario es que el Gobierno escoja 14 magistrados chavistas y seis de oposición. «La Sala Constitucional va a estar conformada por cinco magistrados, yo no creo que haya un representante de la oposición. El resto Sala de Casación Civil, Sala de Casación Penal, Sala Electoral, Sala Político Administrativa y Sala de Casación Social, si acaso habrá un representante opositor».