José Manuel Chacón | LA PRENSA DE LARA.- Justicia terrenal y divina, han solicitado los familiares de los acusados por los hechos acaecidos en el mes de marzo en Apure, esto durante el inicio de las audiencias en los tribunales militares de San Cristóbal, estado Táchira.
Los allegados de los privados de libertad temen represalias sobre estos ciudadanos, manteniendo su identidad en resguardo para evitar contratiempos en las citaciones y que el proceso sea lo más rápido posible para tener en sus hogares nuevamente a sus hijos e hijas, padres y madres, y que así vuelvan a sus labores agrícolas en el Apure.
Agricultores, comerciantes, distribuidores de queso y leche, trabajadores del campo, esos son los oficios y ocupaciones de los imputados por el componente fiscal militar, sus familiares indicaron han sido meses de angustia, dolor y desesperación por no saber lo que ocurrirá con estos venezolanos amantes de su tierra.
Traición a la patria, rebelión y espionaje, ultraje y ataque al centinela, sustracción de efectos pertenecientes a la FANB, rebelión militar, contra la seguridad de la FANB, contra el decoro militar, deserción, desobediencia y abandono de funciones, son los delitos por los que se encuentran incriminados los 28 apureños.
«Nuestros muchachos son hombres trabajadores, ellos no merecen estar viviendo algo así, mucho menos que vayan a pagar delitos que no han cometido, solo con verlos al rostro cualquiera se da cuenta que no son lo que dicen los tribunales», expresó uno de los familiares que prefirió no decir su nombre por seguridad.
De manera extraoficial se pudo conocer que el estado venezolano estaría buscando convenir la admisión de hecho con los inculpados en una sola infracción, aceptar la sustracción de material de la FANB, lo que llevaría de manera inmediata a generar una medida cautelar con libertad condicionada y presentación regular, aplicando juicio posterior.
Fundaredes exige liberación
Los miembros de la ONG Fundaredes se acercaron a la sede de los tribunales militares en San Cristóbal, respaldando a los familiares de estas víctimas y exigiendo de manera contundente la liberación inmediata sin culpabilidad de los acusados.
Clara Ramírez, coordinadora de documentación y derechos humanos de Fundaredes detalló existe parcialidad del componente militar en este caso «Están siendo imputados y trasladados a un tribunal militar, lo que contraviene la garantía constitucional, que señala deben ser procesados por sus jueces naturales, y en efecto a ser civiles no deberían ser presentados por juzgados militares, lo que muestra parcialidad contras estas personas», indicó.
«No se garantiza que la decisión del juez prevalezca la verdad y la justicia para estos ciudadanos», aseveró Ramírez ante la exposición de los incriminados en tribunales militares.
La ONG Fundaredes ha solicitado expresamente libertad plena para estos ciudadanos, debido a que los cargos que la fiscalía ha imputado conllevarían pasarían a juicio para determinar su inocencia o culpabilidad.
Ramírez agregó que estas personas no han cometido tales delitos, pues desde el inicio del conflicto en Apure ha recibido testimonios de sus familiares donde se evidencia en la ONG fueron detenidos bajo amenazas, torturas y tratos crueles, siendo arbitrariamente detenidos.
Begnino Antonio Medina Varela, es el coronel que funge como juez militar 14 de control en las audiencias preliminares del caso.