Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- Aunque en Venezuela se esté realizando una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), vayan a ser cambiados los magistrados, y la fiscalía esté acusando e investigando a funcionarios militares y policiales de bajo y medio rango por ser actores materiales de ejecuciones extrajudiciales o haber torturado a disidentes políticos, defensores de derechos humanos alertan que todavía siguen intocables las cadenas de mando, los altos funcionarios que ordenaron las violaciones en el país en el contexto de las manifestaciones de 2017 de manera sistemática.
Martha Tineo, abogada y coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), explicó que el miércoles 19 de enero, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, notificó formalmente a Venezuela y a los estados partes del Estatuto de Roma, que se estaba realizando una investigación contra el Estado venezolano y que en un plazo de tres meses, hasta el 16 de abril, debían informar si se estaban cursando investigaciones genuinas respecto a estos crímenes investigados.
Según Abraham Cantillo, coordinador del Foro Penal Venezolano en Lara, a partir de ahora el Estado venezolano tiene dos opciones, de acuerdo a lo que establece el artículo 18 del Estatuto de Roma, apelar ante la Sala de Apelaciones de la Corte para defenderse del por qué lo están investigando, o mostrar avances en materia de lo que han investigado en Venezuela, apegándose al principio de Complementariedad.
«Lo que informó el fiscal de la CPI no cambia nada, no están diciendo que hay una persona en específico imputada, es simplemente parte del procedimiento, lo que pasa es que estamos acostumbrados en este país que los procedimientos no son respetados», soltó Cantillo.
«El Estado venezolano quiere exhibir que respeta los DD. HH., este año amaneció con varios movimientos, hay un nuevo paquete de normas legislativas, donde incluso se está debatiendo una ley de reparación de las víctimas. Es decir, el Estado venezolano a través de sus órganos pretende seguir mostrando que hay toda la disposición, y toda la capacidad legal de avanzar en investigaciones genuinas. Que eso sea cierto, bueno la verdad es que lo cierto es que seguimos teniendo más de 300 presos políticos, seguimos teniendo casos de torturas que no han sido investigados y no han sido condenados sus responsables, seguimos teniendo 95% de impunidad de muertes de ejecuciones extrajudiciales en manifestaciones pacíficas», opinó Tineo.
«Aquí no ha habido avances en materia de justicia nacional, el Gobierno está actuando por un interés político, no por algo genuino porque saben el daño que ocasionaron en el Estado de derecho y en la ciudadanía», alegó Manuel Virgüez, coordinador de la ONG Movimiento Vinotinto.