Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA – No hay posibilidad real de reactivar el sector agropecuario o cualquier sector de la economía nacional mientras Venezuela siga siendo un gran centro comercial de franquicias criminales. Hay una cantidad de factores terroristas como el Hezbolá, grupos irregulares, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, que tienen muchísimo poder en Venezuela y están ejerciendo un desarrollo económico lamentable. El mundo democrático, unido no puede permitir que esto se le salga de las manos y se convierta en una epidemia en Suramérica, acabando el mayor reducto de democracia que tiene el planeta junto a la Unión Europea y junto a Norteamérica». Con esas palabras, Carlos Odoardo Albornoz, presidente del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne (INVELECAR), denunció que la mano de obra del campo venezolano se ha reducido en los últimos años, como consecuencia del incremento de la inseguridad que afecta las fincas del país.
Las declaraciones las hizo durante su participación en el foro «Propuestas de marco legal para la reactivación de la producción de alimentos», desarrollado por representantes del Plan País y Un Nuevo Tiempo (UNT). «En la zona fronteriza hay una penetración de estas bandas criminales, e incluso estos grupos armados se han convertido en los principales dueños de las fincas, extorsionan a los productores y los obligan a venderles las unidades de producción porque las están usando para pasar el ganado de contrabando de Venezuela a Colombia«, agregó Fernando Camino, expresidente de Fedeagro.
Albornoz apuntó que aunque en Venezuela aún se contabilizan 130 mil hombres y mujeres que trabajan en la producción de alimentos del sector primario, la realidad es que las extorsiones, amenazas, robos de maquinarias, abigeatos, invasiones y secuestros, están haciendo mella en un sector agrícola ya muy deprimido por la hiperinflación que contabiliza 39 meses, por la falta de financiamiento crediticio, y por las carentes leyes que garanticen la inversión y la propiedad privada.
«Venezuela hoy es cuna de una disidencia importantísima de las FARC, que ya suman más de 5 mil hombres armados, que han sido captados o en algunos casos secuestrados. Los niños se están sumando a la disidencia de las FARC, acompañadas de otros grupos cercanos a nuestra nación como el ELN«, mencionó
A estos grupos terroristas, se le suman también las extorsiones cometidas por grupos de seguridad nacional. «Son un conjunto de factores que van desde hampa común, policías, guerrilleros colombianos y los grupos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa. Esto está afectando de una manera importante la producción de alimentos en el interior del país».
Estados como Táchira, Barinas, Apure son los más afectados. «Lamentablemente grupos irregulares como las Águilas Negras tienen afectado zonas de Santa Bárbara de Barinas, estado donde también opera el grupo venezolano de la Fuerza Bolivariana de Liberación. En Amazonas, Bolívar hay mafias de las minerías vinculadas con disidentes FARC y el ELN, y en el Nor–occidete de Venezuela, en Falcón y Zulia, son frecuentes las pistas clandestinas donde sale droga hacia el Caribe«, subrayó.
Pidió a las democracias del mundo pronunciarse, porque sostiene que mientras está situación ocurre en Venezuela se dispara la migración de personas, que según reportes de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) ya suma más de cinco millones y medio de personas en movilización forzosa.
«Podemos transitar cualquier vía, pero la conducción de Venezuela no pasa por designar un nuevo CNE, como lo están haciendo hoy presentando postulaciones a candidatos, desconociendo el artículo 138 de la Constitución que señala que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos, y el artículo 139 que señala que el ejercicio del poder político acarrea responsabilidades individuales por abuso o desviación de poder, o violación de estos. Es decir, que todo lo que no este enmarcado dentro de ese grupo de naciones que están apoyando al mundo democrático y a Juan Guaidó, realmente tiene poco futuro», mencionó.
Invasiones activas
Fernando Camino, expresidente de Fedeagro, indicó que desde finales del año 2020 en Venezuela se han registrado conatos de invasiones que afecta al agro venezolano. «Es frecuente en un país donde el Estado no brinda seguridad ni protección, en años electorales se promuevan las invasiones de fincas como proselitismo político».
Un caso reciente fue el denunciado a LA PRENSA DE LARA, por el representante de la Sociedad Regional de Ganaderos Occidentales (SORGO) Javier Oropeza, quien indicó que ocho fincas productivas del sector Quebrada Arriba del municipio Torres, en las adyacencias de la carretera Lara-Zulia fueron invadidas la primera semana de enero por grupos que al parecer son militantes del PSUV. Eran fincas lecheras que estaban productivas.
«Aunque han pasado dos meses y hemos denunciamos ante el juez agrario de la zona la situación, la denuncia todavía no ha llegado a la Fiscalía Superior de Lara, para que se dé un desalojo», comunicó Raúl Coronel, uno de los productores afectados.
Ocho leyes se deben derogar& ;
Para que los productores agropecuarios tengan seguridad jurídica que les permita invertir y reactivar la producción de alimentos, Fernando Camino, expresidente de Fedeagro y coordinador del Plan País, sostiene que se deben derogar ocho leyes dedicadas al agro y al control económico que ha creado el chavismo, porque sostiene que son profundamente estatistas, buscan intervenir el sector privado y tienen un tinte ideológico comunista.
«Estas leyes, decretos y resoluciones que ha creado el régimen, han violado ocho artículos de la Constitución y han impulsado la catástrofe sistematizada en el país durante los últimos 22 años, porque fueron y son dirigidas a destruir el sistema de producción privada, con la intención de sustituirlo por un mecanismo de organizaciones o empresas de producción socialistas, ya todas fracasadas», apuntó.
Sin aspavientos considera que deben quedar derogadas: La Ley de La Gran Misión Agrovenezuela, la Ley del Fondo Ezequiel Zamora, la Ley de Creación del Fondo Para El Desarrollo Agrario Socialista, la Ley de Pesca y Acuicultura, la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, la Ley de Precios Justos, la Ley del Sistema Nacional Integral Agroalimentario y la Ley de Salud Agrícola Integral.
Sostiene que para avanzar a una transición democrática se debe reformar la Ley de Crédito Para el Sector Agrícola y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Afirma que en Venezuela se debe crear una ley especial que derogue, reforme y cree nuevos artículos que permitan un nuevo marco legal para el sector primario nacional «Para normar las medidas que promuevan junto al sector privado, el flujo de recursos necesarios para el abastecimiento de insumos y de combustibles, suficientes y oportuno para mantener activa la producción interna de alimentos y así poder mantener la oferta y la existencia de inventarios suficientes», puntualizó.
Alega que en la actualidad Venezuela está entre las cuatro primeras naciones del mundo que registra inseguridad alimentaria según la ONU. El sector agrícola es sólo el 20% de lo que representaba en 1998, por lo que el país luce devastado y su crisis es comparable con la de los países más pobres, que han pasado por conflictos bélicos o dictaduras de izquierda.
Avanzar en otras políticas
Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, sostiene que el país debe avanzar en nuevas políticas dirigidas a incrementar la producción de alimentos. «Hoy la inseguridad alimentaria y la crisis se ha convertido en catástrofe. El venezolano sólo tiene acceso al 40% del consumo de alimentos que necesita y de ese 40% solamente la mitad viene del campo venezolano, cuando en 1998 el 70 u 80% del consumo deseable de alimentos lo abastecíamos lo hecho en Venezuela», indicó.& ;
Resaltó que en el país hay un número mayor de hectáreas con capacidad productiva que Brasil, Uruguay o varios países de Europa. «Tenemos cerca de 6 ó 8 millones de hectáreas solamente para la explotación de la tierra agrícola, también tenemos cerca de 24 millones de hectáreas para explotación ganadera y actualmente sólo utilizamos siete millones de hectáreas. Tenemos un potencial para la explotación forestal de unas 50 millones de hectáreas y solamente utilizamos unas 600 mil. El potencial que tenemos no es solamente para atender el consumo nacional de alimentos, es para mirar hacia una agenda de exportación», alegó.
Leyes quedaron archivadas
El diputado de la Asamblea Nacional, electa en 2015, Alexis Paparoni, indicó que en cinco años el parlamento democrático creó tres leyes dirigidas a la reactivación de la producción: La ley para la Activación y el Fortalecimiento de la Producción, la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley de Semillas, pero Nicolás Maduro actual mandatario nacional las desconoció.
«Venezuela no dejará de ser un país petrolero pero será muy difícil depender como antes del crudo venezolano. En el pasado el 95% de los ingresos del país veían de la actividad petrolera. Desde el 2016 en el parlamento nacional hemos revisado las leyes que no nos han permitido avanzar en 22 años y determinamos que las naciones que tienen materia prima y recursos naturales no suelen ser las más ricas. Las más productivas son las que han apostado por la inversión y la tecnología, y hacia allá tenemos que apuntar», alegó.
Afirmó que hay leyes que están fuera de lógica económica «La Ley de Semillas vigente no permite la siembra de semillas transgénicas, sino obliga al trabajador a limitarse con las agrodescendientes, termino que no existe en el mundo», exclamó.
Incentivan negocios familiares
Saúl Elías López, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y afines, sostiene que en Venezuela es necesario que se desarrolle una política para incentivar los agronegocios y la agricultura familiar.
«Hay que reformar la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario para que se garantice el derecho de la propiedad plena a los productores agrícolas. Venezuela debería abrirse al mercado que permita la inversión extranjera en las tierras públicas. Estas tierras se pueden alquilarlar o crear grandes negocios que permitan el empleo y la renta para el país que feneció con la quebrada industria petrolera»
Indicó que el 80% de la producción mundial de alimentos depende de la agricultura familiar y Venezuela no puede escapar de esa realidad. «En 2017 teníamos 434 mil unidades de producción, de las cuales 333 mil son unidades de aagricultura familiar. Entonces así como Brasil debe haber una política específica para los agricultores familiares, para que los pequeños productores vivan bien, generen riquezas», destacó, con la intención de dejar la visión retrógrada del conuco en el país, precisó el gremialista.