Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- De manera relámpago, la Asamblea Nacional (AN) electa el 6 de diciembre de 2020, que domina el chavismo con el 90 % de los cargos, juramentó el 9 de febrero el Comité de Postulaciones Electorales (CPE), que elegirá a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) y sus suplentes. Pero expertos electorales, aseguran que el parlamento rojo violó los lapsos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE) para elegir a los representantes de la sociedad civil que deben conformar el comité. Argumentan que el 75 % de sus miembros están vinculados al PSUV o subordinados a cargos del Estado y por lo tanto no genera confianza en la tarea de elegir rectores imparciales.
Especialistas también advierten que el país está entrampado en una crisis institucional, porque cualquier decisión que emane esa AN, será rechazada por más de 50 países y por la oposición democrática. Para Andrés Caleca, expresidente del CNE, la elección de los rectores tampoco puede ser realizada por la AN electa en el 2015, cuyos diputados defienden la continuidad constitucional, porque sostiene que Nicolás Maduro los desconocerá y podrían terminar encarceladas o en el exilio como pasó en 2017 con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que designó la AN presidida por Julio Borges.
«Lo advertimos en 2020, la crisis no se iba a resolver con las elecciones parlamentarias, porque el CNE se había nombrado violando seis artículos de la Constitución y las leyes y reglamentos electorales. Por lo tanto la elección violó el Estado de derecho y todos los actos que realice esa AN son nulos», resaltó Caleca.
El 19 de enero Jorge Rodríguez, presidente de esa AN chavista, designó a 11 diputados en una comisión preliminar, que abrieron la convocatoria para seleccionar a 10 representantes de la sociedad civil que fueron: Giuseppe Alessandrello Cimadevilla, presidente, Desiré Santos Amaral y José Gregorio Correa (AD) como primera y segundo vicepresidente respectivamente, Nosliw Rodríguez, Gladys Requena, Didalco Bolívar, Luis José Marcano, Miguel Salazar (Copei), José Villarroel, Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista) y Cilia Flores.
En menos de un mes, el 4 de febrero, la AN anunció que ya se habían elegido a los 10 representantes de la sociedad civil para un total de 21 miembros del CPE, quienes son: Carlos Boully, rector de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y consultor jurídico del TSJ; Edgar Martínez Meza, rector de la Universidad Nacional Experimental Sur del Lago (Zulia); Fernando Rivero Osuna, militante del Psuv; Carlos Olivero Alcalá, director ejecutivo del Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría del Estado; Mercedes Gutiérrez Muñoz, dirigente sindical del sector eléctrico.
También están Jesús González Pirela, secretario de la Comisión de Automatización del CNE; Mauricio Pérez Reyna, desarrollador de redes para empresas privadas; José Diego Estévez, postulado por el sector de los adultos mayores; José Fuentes Martínez, asistente jurídico en el Instituto Nacional de la Vivienda y Zoila Milagro Yánez, coordinadora nacional de las mujeres indígenas.
La organización civil Súmate, dedicada a defender los derechos políticos en el país, denunció que al menos 15 de los 21 miembros del CPE son militantes del PSUV o son funcionarios del Estado, por lo que violan el principio de pluralidad y diversidad que exigen los artículos 295 de la Constitución y 19 y 9 de la LOPE, que dice que ningún miembro puede estar vinculado a organizaciones políticas.
«Que la primera dama de la República integre ese comité indica que el control absoluto de la elección de las autoridades del CNE va a estar en Miraflores y así es imposible confiar en las autoridades del CNE que designen. Además saltándose lapsos, ya han dicho los cinco rectores principales más los 10 suplentes serán elegidos en la primeras semanas de abril», indicó José Gregorio Zaa, experto electoral.
Para Andrés Caleca, es indispensable que la elección de los miembros del CNE derive de un consenso amplio de todo el país como lo establece la Constitución. «Se está consolidando una abstención estructural que ya llega al 70% en Venezuela. La población le ha dado la espalda a todas las opciones políticas y esto está generando un vació que podría terminar en la disolución del país o en la guerra civil», alertó.
Respaldo es clave
Francisco Castro, director de Súmate, indicó que las autoridades del CNE que sean seleccionadas por las dos terceras partes de la AN que domina el chavismo, tienen que gozar del reconocimiento de Venezuela y de la comunidad internacional.
«La Constitución establece que los rectores del CNE deben ser personas sin militancia política y sin filiación partidista y que no respondan a intereses de organizaciones políticas. Tres de esos rectores deben provenir de la sociedad civil; uno debe estar postulado por las academias de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales; el otro rector debe ser postulado por el Poder Ciudadano, escogido en el Consejo Moral Republicano», comunicó.
Recordó que desde que se creó la Constitución de 1999 ningún directorio del CNE ha cumplido con ese requisito constitucional de imparcialidad política, y eso «deslegitima» las actuaciones del Poder Electoral. «El CNE para que sea reconocido internacionalmente debe ser transparente, imparcial y gozar del reconocimiento del mundo y la nación. Este año se debe desarrollar en la primera semana de octubre las elecciones regionales donde se elegirán a los 23 gobernadores del país y a los consejos legislativos, y en la segunda semana de diciembre las elecciones municipales, donde serán electos los 335 alcaldes y los concejos municipales», resaltó.
Informó que aunque Nicolás Maduro ha hablado de realizar megaelecciones de gobernadores y alcaldes, al igual que lo ha dicho el parlamentario Timoteo Zambrano, esta acción está prohibida en la LOPE. «Hay una disposición que dice que las elecciones municipales no se pueden se realizar en simultáneo con cualquier otro tipo de elección. Ejemplo, las elecciones regionales se pueden realizar con las elecciones presidenciales, pero las elecciones municipales está taxativamente señalado en la ley, no pueden realizarse en simultáneo con una elección nacional, para evitar las influencias de las elecciones de carácter nacional o regional en la escogencia de autoridades municipales», informó.
Destacó que para que el CNE contribuya a ser árbitro de unos comicios que resuelvan la crisis política del país debe cumplir con tres requisitos: Ser electo por una institución que goce de la legitimidad, cumplir con los procedimientos legales que establece la Constitución y las leyes, y quienes resulten electos deben cumplir con estos requisitos.