- La presidente encargada Delcy Rodríguez aseguró que la reforma de la Ley Contra el Odio forma parte de las acciones del Gobierno para “transformar el sistema de justicia penal” y “favorecer el reencuentro y convivencia democrática” en Venezuela
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, solicitó a la Asamblea Nacional una reforma parcial de la “Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia”. A través de una carta, publicada en sus redes sociales afirmó que la reforma es para “avanzar en la despenalización de las conductas previstas” en esta ley y como parte de las acciones del Gobierno para “transformar el sistema de justicia penal” y “favorecer el reencuentro y convivencia democrática” en Venezuela.
La Ley contra el odio fue publicada en el año 2017, además fue duramente criticada por la mayor coalición opositora, al considerar que se trató de un “marco legal represivo” y usada, según organizaciones no gubernamentales, para perseguir a periodistas y violar la libertad de expresión.
“Finalmente, visto el impacto positivo que esta reforma generará sobre la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la dinamización de la vida democrática de la nación, agradezco sus buenos oficios para que esta iniciativa pueda ser considerada con carácter de urgencia”, dice la mandataria en la carta con fecha del lunes 28 de septiembre.
Uso inadecuado de la ley contra el odio
En febrero de este año, Jorge Rodríguez admitió el uso inadecuado de la ley contra el odio y consideró posible una reforma.
La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país suramericano.
Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de “odio” que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.
Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados “delitos de odio” y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento “para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder”.
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