• «Tenemos que exigir transparencia en cuanto a lo que ha ingresado al país, los aportes y dónde se ubican esos recursos», comentó Marino Alvarado, coordinador del equipo jurídico de Provea.
• El abogado resaltó el caso del reinicio a clases del que la presidente encargada, Delcy Rodríguez, informó que hubo unos 86 mil alumnos rezonificados a instituciones educativas, pero Alvarado cuestionó estas cifras.

La respuesta del Gobierno a las afectaciones provocadas por el doble terremoto debe estar acompañada de cifras claras y verificables. Para Marino Alvarado, coordinador del equipo jurídico de Provea, la transparencia es necesaria tanto para conocer el alcance de la ayuda humanitaria entregada a los afectados como para determinar qué ocurrió con las instituciones educativas que fueron inspeccionadas y si hubo reparaciones.

Alvarado resaltó que durante la primera fase de la mesa de diálogo entre la delegación opositora de la Asamblea Nacional (AN 2015) y los diputados del oficialismo de la AN 2025, uno de los temas a tratar era las víctimas de los terremotos, pero a juicio del abogado no se han dado cifras desglosadas de reportes «sinceros».

«Tenemos que exigir transparencia en cuanto a lo que ha ingresado al país, los aportes y dónde se ubican esos recursos», comentó Alvarado.

El abogado resaltó el caso del reinicio a clases del que la presidente encargada, Delcy Rodríguez, informó que hubo unos 86 mil alumnos rezonificados a instituciones educativas, pero Alvarado cuestionó estas cifras.

«No habla de las medidas que adoptaron para que no haya hacinamiento en las escuelas en las que los niños fueron rezonificados. Pareciera que el Gobierno lanza cifras sin mayor credibilidad, porque no dijeron en qué estados fueron las rezonificaciones ni tampoco las inspecciones técnicas que se hicieron en las escuelas para que los niños tengan seguridad», indicó Alvarado.

Con respecto a la segunda fase de la mesa de diálogo, Alvarado insistió en la reinstitucionalización nacional.

A su juicio, para lograr un cambio en el país no basta con sustituir los nombres en los poderes públicos si no hay una transformación estructural profunda que inicia con el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral.

Alvarado detalló que debe haber una profunda reforma del sistema de justicia, porque «no basta sólo como lo viene impulsando el Fiscal General, se debe cumplir mandatos que elijan jueces por concursos«, dijo.

«Estos dos poderes deben llevarnos a un tercer paso, que ojalá se adelante y es la convocatoria a elecciones no sólo presidenciales, sino de la Asamblea Nacional, gobernaciones y alcaldías», dijo.

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