- Dinorah Figuera adelantó que el diálogo entre la oposición y el gobierno nacional abordarán la reestructuración del TSJ y y las garantías políticas y civiles
- El proceso busca restituir los derechos políticos y civiles de partidos y ciudadanos para avanzar en la reinstitucionalización del país.
La segunda fase de las conversaciones entre sectores de la oposición y el gobierno encargado, programada para el mes de septiembre, enfocarán su agenda en la recuperación de las garantías civiles y políticas, a la par de una reestructuración integral del sistema de justicia venezolano. La información fue adelantada por la presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, durante una entrevista concedida a través de la plataforma Zoom.
Uno de los ejes centrales de la mesa de negociación será la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un compromiso acordado durante el primer ciclo de encuentros. Figuera detalló que la revisión del máximo tribunal estará estrechamente vinculada al restablecimiento de los derechos ciudadanos y al correcto funcionamiento de las instituciones judiciales en el país.
Diálogo se centrara en las garantías políticas y civiles
Sobre la relevancia de los temas previstos para el reinicio de las conversaciones, la dirigente enfatizó la significación del temario dentro del proceso de transición. “Vamos a estar el próximo mes de septiembre con las garantías políticas y civiles”, afirmó Figuera, señalando además que la revisión del TSJ debe entenderse dentro de un marco institucional más amplio para asegurar el ejercicio de la ciudadanía.
En el ámbito político, la delegación opositora impulsará la devolución de los espacios institucionales y las tarjetas electorales de las organizaciones partidistas que han sido intervenidas, inhabilitadas o despojadas de sus siglas. “Estamos trabajando para que cada uno de los partidos políticos recupere su tarjeta y recupere también sus espacios”, manifestó.
Dinorah Figuera: “sin partido no hay democracia”
Bajo el criterio de que “sin partido no hay democracia”, la propuesta opositora contempla revisar las inhabilitaciones políticas individuales y la restitución de derechos electorales para dirigentes que han enfrentado persecución, criminalización o exilio. Estas exigencias forman parte de una ruta previamente planteada por Figuera, que incluye también la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Asimismo, la agenda de septiembre abarca el debate sobre un cuerpo de normas consideradas coercitivas o restrictivas para el ejercicio democrático. Entre los textos legales a discutir se encuentran la Ley contra el Odio, la normativa reguladora de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y las disposiciones sobre la gestión de activos.
“Es un tema de justicia que estamos persiguiendo: derogar las leyes contra el odio, la ley contra las organizaciones no gubernamentales, la ley también del tema de los activos donde hemos sido criminalizados y otras leyes de carácter coercitivo que nos han limitado en el ejercicio democrático”, puntualizó Figuera. El proceso, que contempla alcanzar resultados institucionales hacia finales de 2026, busca consolidar una agenda compartida que propicie la apertura política e institucional en Venezuela.
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