• Confirman que como iglesia, permanecen unidos en oración, con fe por justicia.
• Mirna Vies, máxima autoridad educativa, reitera que dicho plantel seguirá prestando el servicio, pese al cierre técnico por inviabilidad financiera.

El santuario de Santa Rosa recibió a servidores de la Arquidiócesis de Barquisimeto, en representación de sacerdotes, diáconos y comunidades religiosas, con el pronunciamiento oficial y denuncia del «asedio jurídico y distorsión procesal» en torno al recurso de amparo inadmisible, en el caso del colegio «Nuestra Señora del Carmen», ubicado en Moyetones, al oeste de Barquisimeto. «Es indispensable mantener el respeto institucional, ponderación y madurez ciudadana, frente a los señalamientos descontextualizados y campañas de descrédito emitidos en algunas plataformas digitales hacia las autoridades de la Arquidiócesis», resalta el comunicado.

Un contexto que tuvo a Mirna Vies, como máxima autoridad educativa, reiterando que dicho plantel seguirá prestando el servicio, pese al cierre técnico por inviabilidad financiera. «Con el recurso de amparo inadmisible, permanece cumpliendo su misión. Que prevalezca el acuerdo y la protección de niños y niñas, por lo que esa institución continuará prestando el servicio académico», explicó de este plantel que surgió como asociación civil y perteneciente a la Asociación Venezolana de Educación Católica (Avec), cumpliendo todos los procesos del Ministerio para la Educación.

Iglesia denuncia atropellos jurídicos en la Unidad Educativa Nuestra Señora del Carmen

La Arquidiócesis cita varios atropellos jurídicos, «el tribunal nos declaró inadmisible un recurso de amparo, para la garantía efectiva del derecho a la educación y proteger a la totalidad de la población estudiantil, en su lugar reconoce una acción de protección sólo para cinco estudiantes. Lo preocupante es que el año académico comienza el 14 de septiembre y se nos fija audiencia para el 5 de octubre, posterior al inicio del año escolar».

Dejan claro que tienen cómo demostrar la inviabilidad financiera y voluntad de servicio, que los llevó a un cierre técnico, porque no se trató de una simple renuncia al compromiso educativo, sino una medida de prudente administración. Se trata de una realidad que tuvo 86 alumnos con una mínima solvencia educativa, careciendo de recursos para el mantenimiento físico y poder cumplir con los compromisos laborales.

Admiten que les genera sospecha, que en algunas plataformas digitales se filtró la sentencia del recurso de amparo, antes que lo publicara el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) , «lo cual constituye un acto ilícito, que vulnera el secreto de las actas y el debido proceso».

Confirman que como iglesia, permanecen unidos en oración, con fe por justicia.

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