- La representación de El Comité expuso las situación compleja que enfrentan los adultos mayores: desde la devaluación de la pensión hasta la precariedad de los servicios públicos.
- Con una pensión valorada aproximadamente en $0.17 al mes, El Comité considera que está “condenado a la pobreza extrema” comparando su poder adquisitivo con el costo de la canasta alimentaria.
Una representación de El Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores, entregó este lunes una carta dirigida a Dinorah Figuera, presidenta de la comisión de la Asamblea Nacional de 2015 que lleva a cabo el proceso de diálogo conjuntamente con la Asamblea Nacional de 2025.
En el comunicado, le solicitaron a Figuera abordar la situación de los adultos mayores en el dialogo nacional, “para que este sector, históricamente postergado, tenga voz en la construcción del futuro del país” acompañando su solicitud con un informe detallado sobre las violaciones a sus derechos.
La representación de El Comité integrada por Urimare Capote (Caracas), Alba Morales y Johnny Magdaleno (Carabobo), Eudis lobatón (Lara), Rosa Herrera (Aragua), María viloria y Simón Lugo (Miranda) y Edgar Silva (Lara), expuso las situación compleja que enfrentan diariamente: desde la devaluación de la pensión hasta la precariedad de los servicios públicos.
“Desde 2013, y de manera particularmente grave durante los últimos años, millones de pensionados, jubilados y adultos mayores han visto pulverizado el valor real de sus ingresos, mientras enfrentan enormes dificultades para acceder a alimentos, medicamentos, atención médica, vivienda y servicios básicos”, señalan en el comunicado.
Con una pensión valorada aproximadamente en $0.17 al mes, El Comité considera que está “condenado a la pobreza extrema” comparando su poder adquisitivo con el costo de la canasta alimentaria que, según el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), oscila los $756,45 para una familia de cinco personas.
La carta también expone el abandono de miles de pensionados venezolanos que residen en el exterior. A estos ciudadanos, se les suspendieron sus pagos desde 2016, «acumulándose una deuda que el Estado deberá necesariamente reconocer y reparar”.
“Como se está en un futuro hablando de modificaciones de algunas leyes, consideramos que las leyes del tema de la seguridad social deben ser prioritarias” señalaron los dirigentes en una entrevista a Provea. Detallando en el documento que “la recuperación democrática de Venezuela es inviable si se construye dejando de lado a quienes durante décadas trabajaron, cotizaron y contribuyeron al desarrollo de la Nación”.
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