Cuando los policías metropolitanos Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina entraron a prisión, Venezuela todavía usaba teléfonos con antena y WhatsApp no existía. Este 19 de mayo de 2026, cuando cruzaron por última vez el portón de la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, ya no quedaba casi nada del país que conocieron el día en que fueron detenidos.
En paralelo a la excarcelación de los tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana, la ONG Foro Penal informó que al menos 16 personas han sido liberadas en distintos centros del país en las últimas horas.
Esto ocurre luego del anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien aseguró que entre lunes y viernes serían liberadas 300 personas privadas de libertad, algunas vinculadas a hechos políticos.
Apenas los tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana recuperaron la libertad tras 23 años de prisión por los hechos del 11 de abril de 2002, agradecieron a Dios, dos de ellos se hincaron, mientras se escuchaba algunas voces emocionadas por su libertad. Abrazos y silencios largos, fue lo que se vivió.
En los expedientes de la historia reciente de Venezuela, sus nombres quedaron plasmados a uno de los capítulos más controversiales del país, los sucesos de Puente Llaguno.
El caso de Policías metropolitanos
El 11 de abril de 2002 comenzó como una marcha política en Caracas. Lo que inició como una concentración opositora derivó en una cadena de hechos que terminaron frente al Palacio de Miraflores. En medio de esa jornada, se produjeron enfrentamientos armados que dejaron muertos y heridos, y cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo.
Por este caso, fueron señalados varios funcionarios de la Policía Metropolitana, entre ellos, Rovaín, Bolívar y Molina, así como a los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, y el sargento Julio Rodríguez, todos con penas de 30 años, hoy están fuera de la cárcel por presentar severos cuadros de salud. A partir de allí comenzó un proceso judicial que marcaría el resto de sus vidas.
Con el tiempo, el caso se convirtió en uno de los procesos más extensos del sistema judicial venezolano.
Fueron acusados de homicidio y otros delitos relacionados con los hechos de Puente Llaguno. El proceso estuvo rodeado de debates políticos, versiones encontradas y cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos.
Mientras tanto, la vida afuera seguía. La realidad del país cambiaba. La Policía Metropolitana desapareció con el tiempo. Y ellos permanecían en reclusión.
Los tres exfuncionarios permanecieron en distintos centros de reclusión. En 2021, fueron trasladados desde la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, a la Comunidad Penitenciaria Fénix, al norte de Barquisimeto. El cambio tomó por sorpresa a sus familiares, que por años habían logrado mantener una rutina de visitas relativamente cercana en la capital.
El traslado significó no solo un nuevo encierro, sino también una distancia mayor con sus familiares, que en su mayoría residen en Caracas.
Durante su permanencia en Fénix, los expolicías vivieron una etapa marcada por condiciones difíciles dentro del recinto. Según las denuncias del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) en distintos momentos (desde sus ingresos a Fénix) se registraron requisas por parte de funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario, así como momentos de tensión y enfrentamientos internos entre privados de libertad.
En distintos momentos, abogados y defensores de Derechos Humanos insistieron en que ya habían cumplido más tiempo del que correspondía a ciertos beneficios procesales. Sin embargo, el expediente siguió su curso, entre decisiones, apelaciones y esperas.
Familiares envejecieron en las visitas, padres murieron esperando por una libertad e hijos crecieron con recuerdos fragmentados. Los recursos legales iban y venían, pero la sentencia permanecía.
Un país que siguió
Mientras los tres permanecían privados de libertad, Venezuela atravesó transformaciones profundas. Hugo Chávez murió en 2013. Nicolás Maduro asumió la presidencia. El país entró en una crisis económica y social que impulsó la migración de millones de personas. Pasó la pandemia por Covid-19. La tecnología cambió la forma de comunicarse, de informarse y de recordar.
Cuando ellos entraron a prisión, los teléfonos inteligentes no formaban parte de la vida cotidiana. Cuando salieron, gran parte de la comunicación del país ocurre a través de redes sociales.
La excarcelación
La liberación de Rovaín, Bolívar y Molina se produjo después de más de dos décadas de reclusión. Para organizaciones como Foro Penal, su caso los ubicó entre las personas con mayor tiempo privado de libertad en el país bajo un mismo proceso.
El reencuentro con la libertad llegó con familiares que habían esperado más de dos décadas, con salud deteriorada en algunos casos y con una sensación difícil de nombrar: la de volver a un lugar que ya no es el mismo.
Para abogados y defensores de DD.HH, el proceso contra los exfuncionarios de la PM representa una de las páginas más duras del sistema judicial del país.