Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Oscar Costero y Santiago De Viana, editores voluntarios de la Fundación Wikimedia, organización matriz de Wikipedia, son investigados por el gobierno de Nicolás Maduro por su trabajo en la redacción de contenidos para uno de los sitios web más visitados del mundo.
Espacio Público señ;aló que Costero fue presidente de Wikimedia capítulo Venezuela durante 10 añ;os, mientras que De Viana es editor en temas de política y también publicaba artículos sobre corrupción en Wikipedia.
La ONG explicó en una nota publicada en su página web que el Estado venezolano tiene a Costero bajo investigación porque, junto con De Viana, son señ;alados en un artículo web anónimo como «extorsionadores», que les acusa, de editar artículos sobre personalidades y exigir pagos para cambiar el contenido.
«Extorsionador de Wikipedia»
Costero explicó a Espacio Público que «por temas de ingenuidad De Viana tenía un pseudónimo en Wikipedia que era muy fácil de identificar su nombre real. A partir de allí empieza una difamación contra él específicamente», que incluía notas de blogs anónimas donde lo señ;alaban como «extorsionador de Wikipedia, que cobraba para publicar y lo relacionaban con un caso de narcotráfico».
En esas notas anónimas, también mencionan a Oscar Costero, quien señ;aló que la persecución a través de artículos publicados en Internet inició meses después del apagón de 2019, con más intensidad a final del añ;o en contra de Costero, De Viana y el capítulo Wikimedia Venezuela.
Los funcionarios no se identificaron durante la entrevista, no permitieron acceder al expediente del caso, no dejaron que Costero se comunicara con sus familiares ni abogados de confianza. «Le dijeron que habían recibido información sobre la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales e instigación al odio, y solicitaron todas las direcciones donde podrían localizarlo y datos de contacto», agregó la ONG.
Desde Espacio Público exigen que la defensa de Oscar Costero tenga acceso al expediente del caso, para garantizar así el derecho a la defensa y el respeto del derecho al debido proceso que ya ha sido vulnerado en este caso.
«La libertad de asociación y de expresión son derechos humanos necesarios para la existencia de una sociedad democrática y para que sea posible un debate público plural y diverso, que permita el progreso personal y colectivo», finalizó la nota de la ONG.
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