Guiomar López | LA PRENSA DE LARA.- La incertidumbre prevalece entre el gremio docente y los representantes ante la aprobación de la Ley de Participación Estudiantil en el Subsistema de Educación Básica por la Asamblea Nacional (AN), cuestionan la normativa en plena jornada de protestas, desconociendo el trasfondo que motive su creación y rechazan las pretensiones de incluir a personas sin capacitación en las aulas de clases.
Para la profesora Blanca Terán, presidenta de la Asociación de Profesores de la UPEL (Aproupel), se debe definir ese poder a estudiantes de educación básica y reconocer la segunda intención de tales organizaciones estudiantiles. «Es estar claros si realmente se ha respetado el marco constitucional con estos menores de edad y los riesgos ante posible adoctrinamiento», señ;ala.
Reclaman que la educación no se improvisa porque la enseñ;anza es la responsabilidad del docente, no de ajenos sin preparación, ética y comprobada moral. Así lo expresa Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Lara, al desconfiar que pueda tratarse de un mecanismo de amedrentamiento.
Dijo que no se realizó una verdadera consulta al sector estudiantil, desconociendo la base de la calidad en la formación que empieza desde la Ley Orgánica de Educación, al exigir el título universitario para ejercer la profesión. Además de recomendar que en lugar de pretender incluir bachilleres a las aulas se debería pensar en la calidad de la docencia con la especialización en las universidades.
Romel Escalona, presidente de Sintropelara, también reconoce que desde la coalición sindical se encuentran en la revisión de dicha normativa, a fin de evaluar los alcances de su aprobación. Sin olvidar que los esfuerzos pueden enfocarse en dignificar la profesión, con la dotación y adecuación en infraestructura para las óptimas condiciones de la educación.
El pronunciamiento se escucha desde todas las aristas, cuando Natalia Reverón, de la Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres Lara), precisa que se viola el libre derecho a la asociación, educación libre y democrático por los entes responsables. «Desde que surge esta norma empieza con irregularidades porque la consulta se concentró en un grupo de estudiantes de alianzas con el Gobierno», se queja y recuerda que también se viola el derecho a la participación o sugerencia de los padres.
Cuestionan que la discusión de esta ley viene de la mano con el seguimiento a las organizaciones no gubernamentales y justo a un mes de que se iniciaron las protestas del sector docente a principio de 2023. Los esfuerzos deberían ser por mejorar las condiciones de los educadores, concluyó.
