Agencias | LA PRENSA DE LARA.- La organización no gubernamental Cofavic le entregó una carta al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk. En ella, denunció los abusos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado en comunidades vulnerables de Venezuela. Bajo este contexto, se registraron 14.296 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos en el país entre los añ;os 2012 y 2022.
«Desde 2012 se ha desarrollado en Venezuela un patrón caracterizado por el aumento en los índices de violencia estatal y en los referidos a la impunidad. De manera particular, esto ha venido sucediendo mediante el despliegue de operativos de seguridad ciudadana, practicados especialmente en zonas urbanas muy vulnerables, durante los cuales se han cometido gravísimas violaciones de derechos humanos», explica la carta.
Toda esta información fue recopilada de manera independiente por la ONG a través de un proceso de documentación y acompañ;amiento de las personas afectadas. Aprovecharon para entregar la carta durante una reunión que sostuvo Türk con diferentes organizaciones y víctimas de violaciones de DDHH en Caracas, el 26 de enero.
Alta impunidad
Cofavic señ;aló que entre 2017 y 2021, el Ministerio Público inició 4.890 investigaciones vinculadas a casos de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, de ese total, solo el 16 % terminó con una sentencia condenatoria a los responsables.
«Si se considera que este dato procede de una fuente oficial, queda evidenciada la gravedad de este fenómeno violatorio del derecho a la vida y, sobre todo, el margen de impunidad que prevalece«, comentó.
De igual forma, indicó que uno de los grupos más letales dentro de las estadísticas fueron las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Las violaciones de derechos humanos perpetradas por este organismo ya habían sido denunciadas anteriormente, e incluso la antigua comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, recomendó su disolución tras su primera visita a Venezuela en 2019.
La carta de la ONG resalta que desde mayo de 2021, las FAES se sometieron a un proceso de reestructuración. Incluso, fuentes oficiales declararon en varias ocasiones que la división se desmanteló, cumpliendo las indicaciones del Alto Comisionado. No obstante, reportes de ciudadanos en han probado que las FAES todavía se encuentran operativas. Y aún mantienen sus prácticas durante los despliegues policiales en comunidades de alto riesgo .
Operativos desmedidos
Cofavic también reportó la creación del denominado «Trueno», una práctica policial implementada por el Gobierno de Nicolás Maduro entre abril y septiembre de 2022. Esta se caracteriza por el despliegue de fuerzas mixtas de diferentes cuerpos de seguridad. Estos atacan en conjunto con el fin de desmantelar a presuntas organizaciones terroristas.
Este esquema tiene su origen en la operación Gran Cacique Guaicaipuro, que se desarrolló en julio de 2021 en la Cota 905 de Caracas, y que llevó al desmantelamiento de la banda liderada por Carlos Luis Revete, alias el Coqui. Estos despliegues continuaron en 2022 no solo en ese sector, sino también con la población de Las Tejerías, Aragua, donde el Coqui fue asesinado. También en el barrio José Félix Ribas de Petare (Miranda), donde se ha intentado combatir a diferentes bandas, entre ellas la de Wuileisys Acevedo, alias el Wilexis.
A pesar de la efectividad que han demostrado para neutralizar importantes grupos criminales, la ONG los consideró como «desproporcionados». Principalmente por la extrema violencia con la que actúan los funcionarios durante su ejecución. Además de los reportes de civiles asesinados o detenidos bajo situaciones irregulares, y que luego se reportan como supuestos enfrentamientos.
«Durante estos operativos han sido asesinadas, hasta los momentos, 33 personas y detenidas más de 130. Se ha identificado la participación de 1.500 funcionarios en estos operativos, realizados en los sectores más vulnerables económicamente y durante los cuales más de 100 personas han sido detenidas«, detalla la carta.
Contra la persecución
Un punto que Cofavic no dejó pasar por alto es la creciente hostilidad por parte del régimen de Maduro contra el trabajo de las ONG. Especialmente la reciente presentación de un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional electa en 2020. Esta tiene como fin es regular y fiscalizar sus actividades, a riesgo de ilegalizarlas en caso de negarse a colaborar con las autoridades.
Cofavic se sumó a otras 90 organizaciones que denunciaron frente a Türk el cierre del espacio cívico, así como la estigmatización, persecución y hostigamiento a defensores de los DD HH. En su carta, precisa que entre 2018 y octubre de 2021 se cometieron 1.221 ataques de diferente naturaleza contra activistas de diferentes áreas.
«Todo lo precedente confirma que en Venezuela enfrentamos una grave crisis de derechos humanos, cuyas razones estructurales no solo se mantienen, sino que se han profundizado«, alertó.
También aclaró que el proyecto ley discutido por el Parlamento oficialista no es nuevo. Forma parte de una política que el Estado ha mantenido para cercar el trabajo de las ONG por vías burocráticas y judiciales.
«No hay lugar a dudas de que las múltiples limitaciones de este tipo promulgadas en el país tienen la finalidad de debilitar, y finalmente socavar, la operatividad financiera y administrativa de las organizaciones civiles dedicadas al acompañ;amiento de personas víctimas de violaciones de derechos humanos y a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad«, aseveró.
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