William Croes | LA PRENSA.- La calle es la válvula de escape de los empleados públicos para expresar su descontento por paupérrimos sueldos y para pelear por sus reivindicaciones salariales. Representantes de organizaciones sindicales señalan que el primer semestre del 2016 ha sido de altos niveles de manifestaciones ciudadanas.
Los tres niveles de gobierno han dejado ver sus costuras en materia laboral. Durante el primer semestre, el Observatorio Larense de Conflictividad Social, manejado por Funpaz A.C ha registrado 95 protestas ciudadanas en el ámbito laboral público, lo que es una señal del profundo descontento que hay en las bases trabajadoras.
Neomar Andrade, secretario regional de la Alianza Sindical Independiente (ASI), señala que el Estado se ha puesto la soga al cuello con cada aumento de sueldo y bono de alimentación que se ha decretado de manera irresponsable. “No está mal que se otorguen aumentos, pero deben cumplir con los pagos, cosa que no sucede en Lara, que es el reflejo de lo que ocurre en los demás estados del país”.
Andrade en su función de secretario general de la organización, señala que la centralización del manejo de los recursos ha retrasado el cumplimiento de los aumentos en el gobierno regional y municipal. Pone como ejemplo a los docentes estadales, médicos estadales y personal de la alcaldía, quienes han protagonizado recurrentes acciones de calle para manifestar elincumplimiento del pago de sus quincenas.
Para Héctor Contreras, vocero de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), el Estado desde el 2007, cuando comenzó con la ola de expropiaciones, ha tomado políticas erradas como el de abultar las nóminas de las empresas nacionalizadas. Un caso en Lara es del de Lácteos Los Andes, que al ser expropiada tenía 800 empleados y ahora tiene más de 3 mil, según fuentes internas.
“Usaron empresas para afianzar su hegemonía política y lo menos que hicieron fue ponerlas a producir”, expresa Contreras, quien señala que al Estado, desde que descendieron dramáticamente los precios del petróleo se le ha dificultado inyectarle dinero a las empresas que están saturadas con solo el pago de nómina. Muchas tienen las contrataciones colectivas vencidas.
Una de las luchas más arduas las han librado los trabajadores de Corpoelec. Tienen cinco años con la convención colectiva vencida, hecho por el cual han protagonizado más de cinco movilizaciones de calle y una decena de asambleas durante los primeros seis meses del 2016.
“El Gobierno nacional ha anulado ciertos beneficios a los trabajadores de manera unilateral”, expresa Wilmer Chacón, secretario general del sindicato, quien señala que entre las desmejoras más significativas está la eliminación de la póliza de seguro la maternidad.
Salir a la calle es una manera de drenar el profundo descontento. Los trabajadores del Inces también se han mantenido firmes ejerciendo el derecho legítimo a la protesta ciudadana desde el año pasado, cuando a pesar de que ambas partes firmaron la convención colectiva, el Ministerio del Trabajo no ha tenido la voluntad de homologar la contratación para que los empleados gocen de los pocos beneficios.