Reuters | LA PRENSA.- Dos semanas después de la remoción de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil, la Cámara de Diputados se reunirá el lunes para votar sobre la expulsión del legislador que diseñó el juicio político contra la exmandataria y que enfrenta cargos de corrupción en el máximo tribunal del país.
El expresidente de la Cámara baja Eduardo Cunha fue acusado por el Supremo Tribunal Federal (STF) por presuntamente aceptar un soborno de cinco millones de dólares en un contrato de arrendamiento de buques de perforación a la petrolera estatal Petrobras y por tener cuentas bancarias secretas en Suiza.
El destino de Cunha tiene preocupada a la clase política brasileña, ya que amenaza con derribar a muchos dirigentes mediante la revelación de casos de corrupción que podrían poner en peligro a miembros del Gobierno del presidente Michel Temer y descarrilar su programa de reforma fiscal. Cincuenta políticos ya están bajo investigación en Brasil por aceptar sobornos en el escándalo de Petrobras. En total, alrededor del 60 por ciento de los 513 legisladores en la Cámara baja brasileña están bajo investigación por diversas acusaciones, según el grupo Transparencia Brasil.
Se espera que los diputados despojen a Cunha de su escaño en el Congreso por mentir sobre sus cuentas en Suiza, pero sus aliados están proponiendo que conserve sus derechos políticos y no sea excluido de la política por ocho años, como impone la ley brasileña en este tipo de casos. Cunha es el único legislador brasileño que enfrenta un juicio por la amplia investigación por sobornos centrada en la petrolera estatal Petrobras. Si pierde su escaño y parcialmente su inmunidad como legislador se enfrenta a un arresto inminente.
La oficina del máximo fiscal de Brasil, que ha pedido la detención de Cunha, dice que el presidente de la Cámara baja enfrenta otras nueve acusaciones de corrupción.