Redacción La Prensa.- La Escuela de Policía General de División Juan Jacinto Lara juramentó este viernes a 66 nuevos oficiales graduados de la Escupol, que lograron aprobar todos los requerimientos necesarios para ingresar en las filas de Polilara, servir en las fuerzas de seguridad de la entidad e intentar proteger a los larenses del flagelo de la delincuencia y el crimen.
Durante un año, los 66 jóvenes —entre los que cuentan 15 mujeres y 51 hombres— recibieron formación académica y profesional por especialistas en materia de seguridad ciudadana. Todos debieron aprobar más de 30 asignaturas necesarias para su educación, entre las que se incluyen la profundización sobre leyes y derecho penal, procedimientos policiales, prevención del delito, manejo de armamento, uso progresivo de la fuerza, control de detenidos, entre otras. Los nuevos oficiales debieron también aprobar su período de pasantías o prácticas realizadas dentro del Cuerpo de Policía del estado Lara.
El acto protocolar se celebró ayer en la mañana en la sede de Escupol y fue presidido por el secretario general de Gobierno y padrino de la promoción, Erick Valles, quien estuvo acompañado por Edilberto León, director general de Seguridad y Orden Público; el comisario Luis Rodríguez, director de la Policía de Lara, y la actual directora de la Escupol, la comisionada jefe Marisol de Gouveia.
El director general Sectorial de Seguridad y Orden Público, Edilberto León indicó que los graduandos estarán un tiempo de prueba de tres meses en las unidades operativas de la Policía de Lara, tal como lo estipula en la ley. Una vez superado este período, se procederá al ingreso como funcionario al Cuerpo de Policía de Lara, elevando el número a más de 4 mil 700 oficiales.
“Hoy celebramos la juramentación de estos 66 nuevos oficiales de seguridad. En enero serán sometidos a un período de prueba y será el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía (Visipol), el que decidirá cuántos de ellos pasarán al Cuerpo de Polilara”, manifestó León.
El nuevo contingente servirá para combatir la inseguridad y el crimen, y además reforzar la fuerza pública, aquejada por un déficit de funcionarios, vehículos e inversión; y por el creciente hacinamiento en los centros de detención preventivo que obliga a destinar mayor cantidad de funcionarios a la custodia de presos por la negación de traslados a centros penitenciarios.