Osman Rojas | LA PRENSA.- Acompañado por funcionarios del Ministerio Público y guiados por los mismos trabajadores del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Personal del Ministerio de Educación (Ipasme) una comisión de la Defensoría del Pueblo recorrió cada rincón del edificio observando las necesidades que tiene la institución.
“Aquí no funciona el aire”, “esto no prende” o “los insumos no nos llegan”, eran las denuncias más frecuentes que realizaban los trabajadores. El recorrido empezó a las 9:30 de la mañana y terminó a las 12:00 del mediodía. En una hoja blanca la ingeniero Irma Bastidas, delegada de la Defensoría en el estado Lara, iba anotando las carencias del edificio y al final ella misma pudo constatar lo que han alertado los trabajadores desde hace meses: el 85% del Ipasme se encuentra inoperativo.
“Es importante que se tomen cartas en el asunto. La situación del Ipasme la hemos denunciado en múltiples oportunidades y nadie nos hace caso. Esperemos que esta vez la inspección rinda frutos y podamos solventar los problemas operativos del edificio”, dijo el profesor Luis Bello, integrante la comisión Pro rescate del Ipasme.
Bello dijo que el edificio sirve únicamente para convalidar reposos pues la mayoría de consultas han desaparecido y no se realizan exámenes de ningún tipo debido a la falta de reactivos.
“Necesitamos una solución lo antes posible. No es justo que los profesores perdamos la institución que históricamente nos ha respaldado”, dijo Bello.
Los docentes también denunciaron que de forma mensual se les descuenta el seguro del Ipasme; sin embargo, ese dinero no lo ven por ninguna parte. “¿Qué es lo que hacen con nuestra plata?. Pagamos y eso no se ve reflejado en el servicio que aquí deberían prestar”, cuestionaba Elizabeth de Lucas, docente e integrante de la comisión pro rescate.
Esta es la primera inspección que se realiza en la institución en lo que va de año. Hace cuatro meses, una comisión del Consejo Legislativo fue hasta el Ipasme y comprobó las necesidades, pero nadie se comprometió a solventarlas.
En diciembre del año pasado los mismos trabajadores, apoyados por el grupo Médicos Unidos, pidieron al Gobierno nacional una intervención pero esta nunca se dio. La Prensa intentó hablar con la delegada de la Defensoría del Pueblo pero no quiso dar declaraciones.