LA PRENSA | EFE.- El jefe de la Policía de Filipinas, Ronald dela Rosa, declaró hoy reanudada la polémica “guerra contra las drogas”, en la que prometió involucrar a representantes de la Iglesia Católica y otras religiones para hacer la campaña “menos sangrienta”.
“Tenemos el objetivo de que este Tokhang (nombre en filipino de la guerra antidroga) sea una campaña menos sangrienta, si no carente de sangre por completo. Por eso involucramos a la Iglesia”, afirmó Dela Rosa en declaraciones transmitidas por la cadena local ABS-CBN.
El director de la Policía explicó que desde ahora los agentes “deberán estar acompañados por representantes de la Iglesia”, así como de otras religiones, en las operaciones antidroga, que consistirán principalmente en rehabilitar a toxicómanos y perseguir a narcotraficantes.
“De esta manera podremos evitar las acusaciones de que el Tokhang está detrás de los asesinatos sin resolver y nuestra Iglesia verá que la campaña está orientada a salvar a los usuarios y encarcelar a los traficantes”, aseguró.
Para ello, Dela Rosa anunció la creación del nuevo Grupo de Control de Drogas (DEG, por sus siglas en inglés), que reemplazará al desmantelado Grupo Contra las Drogas Ilegales (AIDG), sobre el que hubo sospechas de corrupción.
Los agentes que formen parte del DEG, puntualizó, pasarán por controles exhaustivos para evitar que se repitan casos de corrupción como el asesinato del empresario surcoreano Jee Ick-joo presuntamente a manos de policías del AIDG.
“Vamos a garantizar que (los agentes del DEG) no puedan abusar de la guerra contra las drogas, porque hemos endurecido las políticas del Tokhang. (…) No queremos que nadie participe en las operaciones sin la supervisión adecuada”, afirmó.
El presidente filipino, Rodrigo Duterte, suspendió la campaña antidroga a finales de enero debido a este caso y prometió llevar a cabo una “limpieza” en la Policía Nacional antes de reanudarla.
La campaña iniciada con el mandato de Duterte ha dejado desde junio 7.080 muertos, de los que 2.555 fueron abatidos por la policía tras supuestamente resistirse, 3.603 están clasificados como “muertes bajo investigación” y 922 fueron casos cerrados sin identificar a los culpables, según los datos oficiales.
Esto ha motivado duras críticas de países y organizaciones internacionales, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que consideran que la “guerra contra las drogas” en Filipinas vulnera los derechos humanos de la población.