Leonellas Díaz | La Prensa.- Como un plan de persecusión y retaliación política fue calificada la demanda del TSJ en contra de los alcaldes opositores, entre ellos el alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, quien denunció además que con esta medida pretenden encarcelar y bajar el liderazgo político de los dirigentes democráticos.
Ramos, en compañía de sus homólogos de Palavecino y Jiménez, José Barreras y José Martín, respectivamente, manifestó el apoyo a los ocho alcaldes que recibieron medidas de amparo por permitir manifestaciones de calle y trancas en sus municipios.
“Si se meten con un alcalde de la unidad, se meten con todos, por eso, nosotros queremos darles nuestro respaldo, nuestro apoyo y solidaridad. Solamente estamos esperando por parte de los factores democráticos para hacer todas las acciones necesarias para resguardar la voluntad de un pueblo que escogió a sus alcaldes”, expresó.
Aclaró que nunca van a utilizar a la policía del estado para reprimir al pueblo que ha decidido voluntariamente salir a la calle en defensa de sus derechos y pidiendo la salida de un Gobierno que ha fracasado.
“El pueblo sale a protestar por su propia voluntad, no porque los alcaldes se lo exigen. Por eso es oportuno aclarar que se está realizando una masacre en contra del pueblo venezolano con el uso excesivo de la fuerza policial”, añadió.
“El CNE debe darle una vía de escape a esta indignación, rabia y frustración que tiene el pueblo venezolano”, dijo.
Por su parte, el alcalde del municipio Jiménez, José Martín rechazó que el TSJ pretenda culpar a los alcaldes de que el pueblo protesta en contra del Gobierno nacional.
“Es fácil culpar a los alcaldes de lo que está pasando, pero en realidad es culpa del gobierno de Nicolás Maduro. En el municipio Jiménez todo el mundo se cansó y por eso el sector agropecuario salió la semana pasada a protestar”, matizó.
José Barreras, alcalde del municipio Palavecino, señaló que el Gobierno nacional es quien promueve las protestas al no garantizar políticas públicas eficientes.
“El pueblo está en la calle porque el Gobierno no garantiza el derecho a la educación, ni a la comida, ni a la salud. No se puede limitar al pueblo que tiene derecho constitucional a protestar para mantener el libre tránsito y el despeje de nuestras vías”, apuntó.
Recordó que los alcaldes cumplen una función importante, pero no son los responsables directos de lo que pasa en el país.