martes, 26 noviembre 2024
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Suman 57 muertos en protestas con asesinato de dos estudiantes

AFP | LA PRENSA.- Dos nuevas muertes por herida de bala se produjeron este miércoles en el marco de las protestas, la de un hombre de 22 años en el estado Bolívar y la de otro de 23 en el estado Zulia , informó la Fiscalía.

Ello eleva a 57 los fallecidos en 54 días de movilizaciones: 55 civiles y tres policías y militares.

Gobierno y oposición se culpan mutuamente por la violencia desatada tras las manifestaciones, que generalmente acaban con choques entre uniformados y manifestantes, quienes cruzan bombas lacrimógenas, chorros de agua a presión, piedras y cócteles molotov.

Este miércoles, la fiscal general, Luisa Ortega, ensanchó la grieta que abrió en filas del chavismo, al responsabilizar este miércoles a militares por la muerte de un joven y cientos de heridos durante la ola de protestas contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Evidenciando la creciente fisura en el oficialismo, el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol, reivindicó horas después la actuación de la Fuerza Armada y acusó al Ministerio Público de “inacción” frente a manifestantes implicados en hechos de violencia.Ortega reportó un millar de lesionados, la mitad a manos de “cuerpos de seguridad”.

Responsabilizó además a un oficial de la militarizada Guardia Nacional -aún sin identificar- por la muerte de Juan Pernalete, de 20 años, en una protesta en Caracas el 26 de abril.

Pernalete fue impactado por una bomba lacrimógena en el pecho, según la Fiscalía, versión que negaba el gobierno al sostener que había sido asesinado con una pistola de pernos (usada para sacrificar ganado).

Ortega ya se había distanciado de Maduro al denunciar como “una ruptura del orden constitucional” sentencias con las que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumió temporalmente las atribuciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición. Los fallos desataron las movilizaciones opositoras.

La brecha se amplió con el llamado del gobernante a una Asamblea Constituyente, que la fiscal estima inconveniente en medio de la crisis.

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