Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.- A pocos días de finalizar el año 2023, la Red de Derechos Humanos reveló que los larenses viven en una agudización de la emergencia humanitaria compleja que ha colapsado la atención pública.
Nelson Fréitez, coordinador de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, indicó que este 2023 ha sido un año en el que la emergencia humanitaria compleja ha castigado a la población larense (que se ubica en cerca de 2 millones de habitantes), pues el 90% de 809 personas encuestadas indicó que su principal carencia es de ingresos, lo que no les permite adquirir suficientes alimentos.
Fréitez sostuvo que el año 2023 finaliza con violaciones a los derechos humanos, en detrimento de condiciones de vida, acceso a servicios básicos y a la libertad de expresión.
La red dio un balance sobre el año y cómo transcurrió en el estado Lara. Se basaron en el diagnóstico social elaborado por el proyecto HUM Venezuela, que no sólo indica que la emergencia humanitaria compleja que vive el país desde el año 2015 se ha agudizado debido al colapso de las capacidades de atención del Estado en todas las áreas, sino también al empobrecimiento de la población, que no ha encontrado protección social por parte de la entidad larense.
En Lara se han vivido constantes protestas por falta de agua, gas, electricidad y aumentos salariales, tanto en la administración pública como jubilados y pensionados, pero según el sociólogo Fréitez, no han tenido respuestas positivas y suficientes del Estado.
La Sociedad Civil Activos por la Luz ha sido una de las que se ha trasladado hasta la Defensoría del Pueblo para exigir respuestas sobre los cortes de luz y no obtuvieron mejoras este año; de hecho, semanas atrás introdujeron un documento en el que se le exigía la respuesta por parte de la defensora, pero persiste el silencio.
«En Lara hay por lo menos dos o tres protestas diarias ante la situación que estamos documentando, como mejoras salariales y servicios públicos. Han acudido a la Defensoría del Pueblo y creo que los archivos de los documentos que ha presentado la ciudadanía ya no le deben caber en las gavetas», dijo el sociólogo.
Jairo García, abogado y defensor de los derechos humanos, expresó que en el municipio Iribarren han tomado la decisión de tomar a los órganos del Poder Judicial para que los usuarios puedan interponer demandas contra los recursos de servicios, como agua y luz, para que los responsables respondan ante las demandas.
El abogado explicó que se está diseñando una estrategia con los 442 tribunales que hay en todo el país, a fin de que den una respuesta y un servicio eficiente, para que se respete la dignidad de todos los venezolanos.
Reducen porciones
Ante esta agudización del empobrecimiento, los larenses han tenido que reducir las porciones de comida para que sus hijos puedan comer.
Según el estudio, un 88% de los encuestados dice que para sobrevivir busca alimentos más baratos, solicitan alimentos prestados o reducen el tamaño de las cantidades de comidas al día, las comidas de los adultos, para que los niños puedan comer.
«En el 65% de los hogares larenses no se come carne, en el 52% pollo y el 67,4% leche. Los alimentos que más se consumen son pan y pastas, tenemos una población en inseguridad alimentaria», es parte del informe presentado.
Pero esto no es lo único que ha marcado a los habitantes del estado Lara, también la precariedad en los servicios de salud y el acceso a ella. El 80% de la población no consigue atención médica en centros públicos, según el estudio.
El balance concluye que a la sociedad le afecta el secretismo, el ocultamiento de estas realidades como una política de Estado.