Osman Rojas | LA PRENSA.- Sentada en el sofá de su casa Carmen León conversa con su circulo familiar. Su rostro refleja desesperación y su voz transmite impotencia y decepción. “Es mucha plata”, dice segundos antes que su esposo se levante del mueble y empiece a llamar por teléfono a todo aquel que le puede brindar ayuda.
El esfuerzo del hombre es en vano pues todas las respuestas que recibió fueron negativas. “Venderé la moto”, dice con resignación al tiempo que su esposa lo consuela y le dice que no es necesario. “Yo voy a controlarme en el Seguro Social y allí tengo a la niña”, dice la señora.
La escena anteriormente descrita es de un matrimonio que se encuentra a tres meses de recibir a su primer hijo y no tiene los 30 millones que son exigidos por la clínica para una cesárea y es que, ahora mismo, tener un hijo en algún centro privado es un lujo que muy pocos pueden darse.
“Nosotros habíamos ido a la maternidad de la clínica San Francisco y allí queríamos tener a nuestro bebé”, dice con tristeza. La mujer comenta que el pasado mes de diciembre la cesárea allí costaba nueve millones de bolívares pero ahora el monto asciende a 30 millones lo que representa un incremento del 233% en menos de tres meses.
“Que nos íbamos a imaginar nosotros que esto pegaría un estirón así. Es muy triste lo que nos está pasando porque nuestro hijo fue planificado. No queríamos ir a un centro público porque sabemos cómo está la situación allá pero si toca no podemos hacer más nada”, dice resignada.
La realidad de esta familia es la misma que atraviesan cientos de parejas en estos momentos. La galopante inflación que hay en Venezuela hace que sea prácticamente imposible presupuestarse para una cesárea situación que congestiona los centros públicos.
Según los datos recaudados por el diario La Prensa, el Hospital Central es el centro médico que más ha sentido la migración de pacientes. Las estadísticas entregadas a este medio confirman que, en los últimos tres meses, el Antonio María Pineda ha incrementado su operatividad en un 50%.
“Ahora mismo atendemos en promedio unos 32 partos por día. Eso es mucho si tomamos en cuenta que nunca habíamos pasado de los 23 en los últimos dos años», confirmó una fuente ligada al Hospital Central que no quiso revelar su nombre por seguridad.
El informante detalla que las que más llegan son mujeres que en su momento tuvieron parto programado en una clínica pero que por diferentes causas no pudieron costear la intervención.
El aumento en los partos dentro del sector público no se ven sólo en el Antonio María Pineda. La maternidad de la Carucieña y el Seguro Social Pastor Oropeza también han servido como vía de escape para las mujeres embarazadas aunque para poder ser asistidas con total seguridad en estas instituciones las barrigonas deben estar en control previo.
“Por eso mucha gente prefiere venirse para el Hospital Central. En la Carucieña es un proceso porque si llegas y no tienen camas y además eres una paciente sin historias te van a trasladar. Para evitarse el mal rato las mueres revientan en el Hospital Central porque saben que aquí se van con sus muchachos”, dijo el informante.
El abarrotamiento en los centros públicos ambién ha despertado el interés en las autoridades regionales quienes piden que se acondicionen las áreas de parto para evitar muertes por contaminación.
“El Hospital se la pasa repleto pero los gobernantes deben entender que de nada sirve que un centro esté full sin los pacientes que se mueren son más que los que se salvan. En Lara se registraron quince muertes maternas en los primeros dos meses y eso es algo serio”, denunció el doctor César Ribas coordinador del grupo Lara Entera por la Salud.