María B. Jordán | LA PRENSA DE LARA.- Ante la poca ayuda que hay por parte del Ministerio de Educación para el costo de funcionamiento y operatividad de las instituciones, docentes y padres se han organizado dentro de sus posibilidades para recuperar algunas áreas que consideran prioritarias y así garantizar espacios acordes para la educación de niños, niñas y adolescentes, aunque en Venezuela la educación, por mandato de la Constitución, es pública y obligatoria.
En el año 2018, la Asamblea Nacional electa en 2015 acordó declarar en emergencia humanitaria al sector educativo y exigió al Gobierno nacional cumplir su deber constitucional de garantizar una educación de calidad, tomando en cuenta que inició la deserción y abandono de docentes y estudiantes, y la infraestructura escolar y los servicios básicos también comenzaron a empeorar. Hoy ese panorama aún se mantiene vigente, por lo que desde las escuelas y liceos no se han dejado vencer ante las adversidades y han buscado diseñar estrategias de solución.
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