EFE | LA PRENSA DE LARA.- La organización Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) de Nicaragua denunció este lunes que más del 80 % de los «presos políticos» retenidos en las cárceles nicaragüenses «vieron afectada su salud» debido a la situación en las prisiones.
La UDJ se basa en un estudio realizado entre 2018 y 2022 para el que entrevistaron a 93 familiares de «presos políticos«, preguntándoles sobre la situación de sus allegados en prisión, según informó la organización en un comunicado.
El «82 % de los presos políticos vieron afectada su salud en los centros penitenciarios en Nicaragua a consecuencia de las malas condiciones de infraestructura y de reclusión en los centros penitenciarios de Nicaragua, sumado a la tortura y tratos crueles«, aseguró la UDJ en el comunicado.
En la mayoría de los casos el «preso político» era la principal fuente de sustento de la familia, «por lo que los niveles de pobreza se agudizaron» en ese núcleo familiar, afectando otros aspectos como la imposibilidad de «hacer entrega de paquetería médica» a los reclusos por limitaciones económicas, reveló el estudio.
Además los allegados de los reos, sobre todo si son mujeres, se quejan de que «han experimentado violencia política antes, durante y posterior a la reclusión de sus familiares a través de sus instituciones y estructuras represivas, ejercida principalmente por la policía y funcionarios del sistema penitenciario«.
También se multiplica la carga sobre las mujeres, ya que «en las familias entrevistadas el 78 % tiene a su cargo menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores en su seno«.
«Las relaciones intrafamiliares se ven alteradas profundamente y las familias sufren las consecuencias a corto y largo plazo en sus vidas. Por lo que se trata de una realidad que precisa de intervención y que nos suele pasar desapercibida«, concluyó el informe.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia contra el presidente Daniel Ortega por responder con la fuerza.
Las protestas dejaron centenares de muertos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
La crisis se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.& ;
Información: EFE, San José, 6 nov.