Euseglimar González | LA PRENSA.- Hace más de siete años que los productores, agricultores y comerciantes son la carnada preferida de las bandas delictivas en Jiménez. Luego de una llamada de amenazas de muerte, el pago de “vacuna” se ha convertido en una obligatoriedad que de no cancelarse el cobro puede ser la vida. Es por ello que, cansados de ser extorsionados, exigen que la Fiscalía General y el Gobierno nacional investiguen todas las instancias judiciales; es decir, que le metan peine a los cuerpos de seguridad, fiscales y jueces.
“Aquí se tiene que investigar a todos. Los fiscales y jueces sueltan muy rápido a los malandros capturados y luego uno los ve en las calles. Eso no es normal”, soltó una de las víctimas a La Prensa, que prefirió no aportar su nombre por temor a represalias.
Los productores a diario reciben amenazas de muertes y algunos hasta terminan desenfundando altas sumas de dinero para evitar que atenten contra ellos o sus familiares. Tanto es el pánico que les han generado que se han visto con la necesidad de vender propiedades o salir del municipio para vivir en paz.
En una conversación que tuvo La Prensa con algunas de las víctimas ayer, confesaron que una de las exigencias de los productores es que el Fiscal General mande a investigar a los fiscales y jueces de Lara por, presuntas, actuaciones irregulares que favorecen a los hampones.
“No es posible que tres días después de la detención de los extorsionadores se les vea por las calles de Quíbor. El Conas hace el procedimiento y cuando lo ponen a la orden del Ministerio Público mágicamente quedan en libertad”, dijo suspicazmente un comerciante.
A la sede del Conas en Barquisimeto llegan las víctimas a denunciar. Durante octubre, los militares recibieron una denuncia cada tres días y totalizaron 10 denuncias al mes.
Entre las denuncias que hicieron a La Prensa está que ellos no creen en las actuaciones del Cicpc, Polilara y Policía Nacional Bolivariana (PNB), pues aseguran que hacen sus “chanchullos” con los malandros.
En Jiménez es donde proliferan las denuncias por extorsión, pues en esa jurisdicción es donde se maneja mayor cantidad de dinero debido a las grandes tierras, empresas y fincas donde se produce leche, huevos y carne. Además, Quíbor es conocido a nivel nacional por ser uno de los mayores productores de cebollas y tomates de Venezuela. También es famoso por su artesanía, además de que el mercado artesanal se ha convertido en uno de los mayores atractivos turísticos.
Los productores cuentan que si ellos no pagan la “vacuna” son amedrentados porque los delincuentes pasan por las viviendas de ellos y les tirotean las fachadas.
“Esa es una de las tantas cosas que ellos pueden hacer. Nos intimidan hasta con explosivos tipo granadas, hacen que nosotros por el miedo paguemos. Aquí han quitado hasta más de 100 millones de bolívares”, comentó un productor.
Relatan que los funcionarios del Conas detienen a los extorsionadores, pero luego de que lo presentan ante Tribunales, todo cambia. La mayoría sale con beneficios y siguen haciendo de las suyas en las calles.
“Ahí es donde nos da miedo denunciar. ¿Cómo lo hacemos? Si no nos apoyan. Ese malandro que cayó preso y luego sale en libertad puede atentar contra nosotros”, dijo con preocupación otra de las víctimas.
Desde 2010, las bandas dedicadas a la extorsión y secuestro comenzaron a aumentar en Quíbor y se fueron extendiendo en otras zonas del municipio Jiménez. Algunos funcionarios de seguridad han señalado las bandas que operan en Quíbor, pero ninguna ha sido desmantelada.
Las víctimas y habitantes del municipio pidieron que monten un Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas) con base en Quíbor. Así pueden formular las denuncias más seguidas, señalaron que trasladarse hasta Barquisimeto se les complica.