Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA.- La sentencia número 1.057 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de intervenir el pasado 4 de agosto a la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, ordenar la creación de una junta Ad hoc, su reestructuración y modernización, ha causado alarma y temor entre defensores de derechos humanos, quienes catalogan la medida de golpe y presagio de la posibilidad de que se intervengan otras organizaciones civiles, que hacen trabajo independiente y humanitario en Venezuela.
«Esto es un paso más al cierre del espacio cívico en Venezuela», exclamó Alí Daniels, abogado y director de la organización Acceso a la Justicia. Tras evaluar la sentencia del máximo tribunal, alega que ésta viola el artículo 22 de la Constitución, que establece el derecho de toda persona a asociarse libremente con otras. Recuerda que en el pasado el TSJ ha intervenido desde colegios profesionales, sindicatos, partidos políticos, hasta juntas de condominio, pero han sido nombramientos temporales y con el llamado inmediato a nuevas elecciones. Ahora la particularidad, es que antes de llamar a elecciones ordenan la reestructuración de esta importante organización, calificando la acción como de «estatización» de la Cruz Roja venezolana.
«Es muy grave porque la decisión sobre los cambios dentro de una organización debe corresponder exclusivamente a sus miembros. Imagínese usted que la ONG de DD. HH., Provea sea intervenida, nombren un nuevo coordinador y ese nuevo coordinador cambie a Provea, que ahora diga que las cosas se van a hacer de una manera en específico y sus miembros no pueden opinar por mandato de un tribunal. Ese es el riesgo, el peligro y la novedad del empeoramiento de la situación para el espacio cívico. Cambiar organizaciones para amoldarlas a los caprichos del Gobierno», manifestó.
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