Agencias | LA PRENSA DE LARA.- El politólogo Ismael Pérez Vigil, integrante de la Comisión Nacional de Primaria (CNP), ofreció un balance sobre la aplicación web que se habilitó para el registro de los venezolanos en el exterior que quieran votar en la elección del candidato presidencial opositor.
En la primera semana, la aplicación arroja que los países con más inscritos son Chile, Colombia y Perú, informó este martes 13 de junio.
«Ha habido una respuesta muy importante, la mayoría no ha tenido dificultades, hay casi un 70% de resultados positivos; es decir, los que intentan y logran registrarse, hay algunas fallas a veces producto de errores de conexión o errores que se cometen al enviar las fotos requeridas, estamos sacando otro video explicando cómo tienen que enviar la información y, en todo caso, hacemos un llamado para que se comuniquen con nosotros a través del botón de incidencia», declaró a la prensa.
A la pregunta sobre qué acciones están tomando para que la diáspora pueda ejercer su derecho al voto en las presidenciales de 2024, Pérez respondió: «Es parte de una lucha política que tenemos que dar, esperamos que esto contribuya a movilizar y a visibilizar ante Venezuela y el mundo la situación de los venezolanos que no han podido modificar su registro porque no se ha abierto esa posibilidad«.
Es preciso recordar que el registro que habilitó la Comisión Nacional de Primaria solo tiene efecto en la elección del próximo 22 de octubre de 2023. Para que los venezolanos que están en el exterior puedan elegir al próximo presidente de la República se requiere voluntad política del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que actualice el Registro Electoral oficial que hasta ahora solo reconoce a poco más de 107 mil de los más de 5 millones de migrantes que se estiman tienen derecho al voto.
Sobre esto, el periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez, comentó que en apenas dos horas la Comisión de Primaria había registrado a más personas en el RE en el exterior (adhoc) que el CNE y Cancillería en los últimos cinco años, a pesar de que están obligados a garantizar este derecho.