Agencias | LA PRENSA DE LARA.- Estados Unidos aseguró a la Organización de Naciones Unidas (ONU) que protegerá de los acreedores el fondo humanitario de Venezuela que administra el organismo, dijeron a Reuters personas familiarizadas con el asunto.
El gobierno de Joe Biden aclaró que el fondo, acordado el añ;o pasado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, puede operar dentro del sistema financiero estadounidense sin riesgo de que los prestamistas se apoderen de él para pagos de deudas.
Las preguntas sobre la vulnerabilidad de las contribuciones al fondo han retrasado la creación e implementación del esfuerzo de ayuda para Venezuela.
Representantes del Gobierno venezolano y la oposición anunciaron un acuerdo sobre el fondo en negociaciones en México, pero las conversaciones se estancaron y el oficialismo ha culpado a Estados Unidos por no brindar garantías de que el fondo estaría protegido. También reclamó el oficialismo por la continuación de las sanciones estadounidenses contra Venezuela.
Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, dijo a Reuters que la medida de Estados Unidos «abre la posibilidad de que los fondos lleguen a las Naciones Unidas y abran la puerta de las negociaciones».
El mes pasado, el gobierno de Maduro aseguró que «tomó nota» de la conferencia internacional sobre el proceso político de Venezuela celebrada en Colombia, y reiteró sus exigencias para «avanzar en el diálogo» con la oposición en México, estancado desde noviembre, entre las que destacó el levantamiento de «todas y cada una» de las sanciones.
Poco después de que concluyera el encuentro en Bogotá, el Ejecutivo emitió un comunicado en el que señ;aló que «toma nota de las deliberaciones realizadas» en la conferencia, en la que los 18 países asistentes coincidieron en la necesidad de establecer un cronograma para elecciones libres y un levantamiento progresivo de las sanciones, según la declaración final.
El gobierno de Maduro reiteró la «necesidad imperante» de que sean levantadas «todas y cada una de las medidas coercitivas unilaterales, ilegales y lesivas del derecho internacional que constituyen una agresión a toda la población venezolana y que obstaculizan el desarrollo (de) la vida económica y social del país».
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