Redacción | LA PRENSA DE LARA.- El caso «Brazalete Blanco», una trama conspirativa cuyo objetivo era presuntamente asesinar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y otros altos funcionarios, deja un saldo de 15 personas detenidas, cuatro medidas cautelares y otras 15 órdenes de aprehensión que aún no han sido ejecutivas, informó este lunes el fiscal general, Tarek William Saab.
«Por este caso han sido privadas de libertad 15 personas, otras 4 tienen medida cautelar (…;) Además, hay 15 órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar», expresó Saab durante declaraciones a los medios.
Entre los detenidos se encuentra la activista Rocío San Miguel, detenida el pasado 9 de febrero.
«La señ;ora Rocío San Miguel fungía como espía, a través de parejas o relaciones públicas con miembros de las Fuerzas Armadas para planificar acciones en contra de la soberanía nacional», añ;adió el fiscal durante una rueda de prensa.
Tarek William Saab recordó que durante la operación Brazalete Blanco los involucrados presuntamente planificaron un ataque contra la 21°; Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y el Batallón Negro Primero; ambos ubicados en Táchira, para robar las armas.
El fiscal indicó que su objetivo era «atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal y posteriormente iniciar una escalada de actos terroristas hasta atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro».
Precisó que en el caso fue clave la detención del exmilitar Anyelo Heredia, a quien acusaron de intentar volar con explosivos la sede del Sebin.
«Al momento de detener a Anyelo Heredia, las pesquisas encontraron que entre sus contactos telefónicos se encontraba Rocío San Miguel. Eso ya fue un indicio de lo que encontraríamos después», dijo Saab.
Tarek William Saab informó que tras la realización de un allanamiento con «orden judicial» a su residencia, en presencia de fiscales y familiares de Rocío San Miguel que verificaron la legalidad del procedimiento, consiguieron evidencia que la vinculan con otro tipo de actividades.
En su poder se consiguieron 18 mapas cartográficos en los cuales se han demarcado numerosas instalaciones militares con sus respectivas zonas de seguridad en todo el país», indicó Saab, quien mostró uno de los supuestos mapas con coordenadas.
A su juicio, el material encontrado la vincula con colaboración militar, debido a que se trata de información de inteligencia del Estado venezolano que no debería tener una ONG.
«Hemos encontrado evidencia de la elaboración de listados y perfiles de los mandos militares del país; y de sus comunicaciones se desprende que posee listas de todo el personal militar. ¿;Por qué una supuesta activista defensora de los derechos humanos debe tener este tipo de información?», cuestionó.
