EFE | LA PRENSA DE LARA.- En Venezuela se registraron 524 ataques e incidentes de seguridad contra organizaciones y defensores de derechos humanos en 2023, un aumento del 32 % con respecto a 2022, cuando se documentaron 396, denunció este miércoles la ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) en su informe anual.
Del total, 394 agresiones fueron contra organizaciones y las 130 restantes contra «personas defensoras de derechos humanos», indicó la ONG.
Según el informe, el añ;o pasado estuvo marcado por una «profundización de la política de criminalización» y un «aumento de las acciones represivas y de control a las organizaciones y personas defensoras».
En este sentido, señ;aló que aumentaron las «vulneraciones a los derechos a la asociación, reunión, manifestación, expresión, opinión y defensa» de DD.HH.
Fue un «añ;o de amenazas, hostigamiento, intimidación y uso de la persecución penal como mecanismos para criminalizar y atemorizar a la sociedad civil», subrayó la ONG.
Según estos registros, 298 fueron hechos de «estigmatización», 133 de intimidación y hostigamiento, 67 amenazas, 10 ataques digitales, 8 de judicialización, 4 detenciones «arbitrarias» y otros cuatro no especificados.
Sobre los responsables, el CDJ señ;aló a funcionarios públicos en 223 casos, medios de comunicación estatales en 109, personas o agrupaciones «afectas a los intereses políticos del Estado» y «afiliados al (gobernante) Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)» en 93, a instituciones públicas o entes gubernamentales en 75 y a «organismos de seguridad» en 24 de los hechos.
La organización advirtió que en la medida en que se acerquen las elecciones presidenciales, previstas para el segundo semestre de este añ;o, aún sin fecha definida, aumentarán «las restricciones al espacio cívico y democrático», así como la «criminalización, la represión y el control social a la sociedad civil».
Además, alertó de la elaboración, por parte del Parlamento, de un proyecto de ley para fiscalizar a las ONG, que tiene el objetivo, según el CDJ, de «limitar y obstaculizar el trabajo» de la «sociedad civil en general».
Información: EFE, Caracas, 24 ene.
