Ágatha Reyes | LA PRENSA DE LARA.- La Consulta Popular se ha vuelto una gran herramienta política para la lucha por la democracia en Venezuela». La aseveración corresponde a Enrique Colmenares Finol, coordinar nacional de la consulta y exministro del ambiente en los años 90, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Colmenares explica que el proceso convocado por la oposición venezolana, es una especie de «abrazo de esperanza» para el ciudadano que no ha visto mejorías en su calidad de vida, sino mayores complicaciones ante la indolencia de un gobierno que «hace no asume su responsabilidad frente la crisis».
Pero además es también una forma de garantizar la continuidad del parlamento, una vez que han sido consumadas las elecciones parlamentarias que siguen estando altamente cuestionadas por la comunidad internacional y la oposición encabezada por Juan Guaidó.
«Con esta consulta aunque no se hace la pregunta directamente se establece de hecho que hay legitimidad del parlamento actual. Al no haberla en los que fueron electos durante las elecciones del 6D, se legitiman quienes hoy están en ejercicio«, dice Colmenares Finol.
Explica que la ilegalidad de los diputados electos el 6 de diciembre, inicia una vez que fueron designados los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ignorando las atribuciones que corresponden a la Asamblea Nacional en ejercicio.
Esa ilegalidad -señala Colmenares- se mantiene al registrarse las innumerables irregularidades durante el proceso, donde se encuentra la inhabilitación de líderes políticos, el aumento de diputados a elegir, adicional al «secuestro» de tarjetas de partidos de oposición a quienes el TSJ designó una junta Ad Hoc, entregándolas a dirigentes que fueron señalados como «alacranes» tras ser vinculados con el gobierno nacional.
«Los venezolanos nos dimos cuenta de la farsa del domingo, no acudimos a las urnas electorales y ahora es necesario convocar al ciudadano para recuperar la libertad», dice.
Sin embargo, Colmenares Finol también explica que la prioridad de la Consulta Popular está ceñida a la necesidad de hacerle ver al mundo el descontento ciudadano.
Y es que este proceso que arrancó el pasado 7 y que será hasta el 12 de diciembre, busca avivar la participación de la comunidad internacional en el caso venezolano. Esta solicitud está inmersa en la pregunta tres de la consulta: ¿Ordena usted adelantar las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia, atender la crisis humanitaria y proteger al pueblo de los crímenes de lesa humanidad?.
Mientras que en las preguntas previas la intención es desconocer las elecciones del pasado 6 de diciembre y exigir «el cese de la usurpación» más la convocatoria de comicios presidenciales y parlamentarios con garantías.
El 12 de diciembre la Consulta se hará de forma presencial, la oposición ha dispuesto 3.079 puntos para que los venezolanos acudan a las 12:00 del mediodía para responder las tres interrogantes. «La idea es que el 12, a las 12 del mediodía en el mes 12, los venezolanos demostremos que somos mayoría», dice Colmenares, quien además aclara que quienes participen de manera digital pueden acudir a ratificar su participación en uno de estos puntos, sin embargo no es obligatorio, pues su voto ya ha sido efectuado vía online.
Adicional el proceso también se hará en más de 70 países donde los venezolanos fuera de Venezuela también podrán responder a las tres preguntas.
Sin inmediatismo
La oposición ha puesto sus esperanzas en la Consulta Popular para lograr un cambio de gobierno, pero también han aclarado a la ciudadanía que este es un paso más para recuperar la democracia en Venezuela. La diputada a la Asamblea Nacional Delsa Solorzano, precisa que sería un «error» pensar que una vez se concrete la consulta en Venezuela habrá una solución instantánea a la crisis política.
«Estamos enfrentando a una dictadura, es un hecho complicado, más cuando se trata de quienes son señalados como un régimen criminal que ha cometido delitos de lesa humanidad. La consulta es fundamental porque es un paso más para que la comunidad internacional vea que el ciudadano está solicitando su ayuda», dice Solorzano.
Hasta la fecha más de 45 países han condenado las elecciones parlamentarias donde el chavismo logró la mayoría de curules, un proceso que fue acompañado por minipartidos de oposición.
Estos países agrupados en el Grupo de Lima, Unión Europea, Reino Unido, España, además de la OEA han ratificado su respaldo al gobierno interino de Juan Guaidó. EE.UU, quien ha liderado el respaldo al líder de la oposición venezolana también ha ratificado que reconocerán a Guaidó y el parlamento aun después del 5 de enero cuando se instale el chavismo en el hemiciclo.