Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA – La delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la Corte Penal Internacional, Tamara Sujú, destacó que las detenciones arbitrarias, torturas, violaciones sexuales, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se han cometido contra militares presos políticos, que además salen reflejados en el informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU como violaciones masivas de DD.HH y crímenes de lesa humanidad, tienen una responsabilidad directa en Nicolás Maduro como presidente de la República, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, Néstor Reverol, ministro de Interior Justicia y Paz. Pero además, hay una cadena de mando que también es responsable de la represión, tal como lo estable el Estatuto de Roma.
Resaltó que desde 2013 a la fecha, los dos vicepresidentes que ha tenido el país, Jorge Arreaza y Delcy Rodríguez están involucrados en la violación sistemática de los DD.HH en Venezuela, porque la Dgcim y el Sebin dependen directamente de la Vicepresidencia.
«El estatuto de Roma establece que no solamente el que tortura con sus manos es responsable, sino las personas inmediatamente superiores que conocen de esas torturas, que las ordenan o inducen con sus acciones, callan u omiten, permitiendo que se produzcan de manera sistemática estos crímenes de lesa humanidad», informó.
En esa cadena de la represión como señala, también aparecen en los últimos siete años dos ministros de Defensa, Carmen Meléndez, además de Padrino López el actual; dos ministros de Interior Justicia y Paz, Gustavo González López, y Reverol; dos Fiscales Generales de la República, Luisa Ortega Díaz que está en el exilio y Tareck William Saab y dos presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez y Maikel Moreno.
«Están involucrados los cargos más altos en implementación de la represión que dependen del Ministerio de Defensa como GNB, Ejército, Aviación y Armada, Cicpc, FAES, Conas. Luego el Jefe del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb), que desde 2017 es manejado por Remigio Ceballos y posterior a él se encuentran los jefes de las Zonas Operativas de Defensa Integral en cada estado del país y de las Regiones Estratégicas (REDI).
Mencionó la competencia directa que tienen a su vez todos los funcionarios que estén a cargo del sistema de justicia en Venezuela, comenzando por el Fiscal General de la República y el Ministro de Interior y Justicia. «De estos delitos de lesa humanidad no se eximen los fiscales y jueces así como soldados, tenientes, mayores, capitanes, que apliquen la violencia. La Ley Especial contra la Tortura Venezolana es muy importante porque dice lo que indica el Estatuto de Roma y la responsabilidad de la cadena de mando», refirió.
Tamara Sujú sostiene que la impunidad en Venezuela por la tortura que se ha aplicado contra militares presos se ubica en 99%, por eso funcionarios de seguridad del Estado actúan a sus anchas.
«Esa impunidad hace que los funcionarios repitan de manera sistemática la represión, porque si el sistema de justicia no va por ellos y sus superiores lo ocultan para que no sean investigados los hechos, esos superiores también son culpables de lo que sucede. La impunidad en Venezuela es la norma para tapar los actos criminales que ejecutan estas personas», resaltó.