Ana Uzcategui | LA PRENSA de Lara.- La Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), es el organismo de seguridad que más violaciones de derechos humanos registra en el país, según el asesor de Provea, Marino Alvarado, quien alega que el asesinato del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo fue una crónica de una muerte anunciada, pues desde hace dos años esta organización había reportado las denuncias que familiares de militares detenidos por conspiración hicieron ante el Ministerio Público por tratos crueles, y ni la Fiscalía General ni la Defensoría del Pueblo atendieron la investigación.
¿Esta muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta es un mensaje directo para los militares que intentan sublevarse?
El caso del capitán de corbeta debe llamar a la reflexión para que se adopten las medidas urgentes que impidan que se siga practicando la tortura en Venezuela, porque ya es una política de Estado, se está aplicando de manera sistemática. No hay ninguna política de prevención para este delito, a pesar que la Ley de Tortura establece que se debe crear una comisión para investigar estos casos, pero tal comisión no existe, y es una responsabilidad directa de la Defensoría del Pueblo.
¿Cuántos casos de tortura ha registrado Provea durante el gobierno de Nicolás Maduro?
Provea ha registrado 488 casos individualizados de torturas desde el 2013 hasta la actualidad. Es una cifra muy baja de lo que ocurre en la realidad. En el 2018, el organismo más denunciado por prácticas de tortura fue precisamente la Dgcim porque particularmente habían muchas denuncias de tratos crueles contra militares acusados de conspiración, seguidos del Sebin, el Cicpc y las FAES. Eso evidencia que ya la tortura está instaurada, consolidada como una práctica de los organismos policiales y militares, y por eso es importante seguir denunciando y que la Alta Comisionada de Derechos Humanos esté muy vigilante de la situación de Venezuela.
¿Hay un patrón de comportamiento en estas torturas que se aplican en Venezuela?
Sí, por eso nosotros decimos que es una política de Estado, no es un hecho aislado. Desde Provea lo ratificamos, se debe investigar la cadena de mando de Nicolás Maduro, recordemos que la Dgcim es un organismo con jerarquía militar que depende del Ministerio de Defensa, estamos plenamente seguros que las torturas que se realizan en la Dgcim se hacen con pleno conocimiento y tal vez hasta con órdenes de Nicolás Maduro, del ministro Padrino López y del director de la Dgcim, Iván Hernández Dala, allí hay una responsabilidad como autoría de homicidio intelectual.
¿Cuántos funcionarios han sido sancionados por violación de derechos humanos, porque solo se conoce el caso de los dos militares de la Dgcim procesados por la muerte del capitán de corbeta, Rafael Acosta?
Eso es lo más grave, estos funcionarios de la Dgcim están siendo procesados por el delito de homicidio preterintencional con causal, ahí se ve la clara intención por parte de Tarek William Saab y del Ministerio Público de crear impunidad. Es muy grave porque se le está dando una señal a los cuerpos de seguridad y a los funcionarios militares que pueden torturar, pueden asesinar, incluso por tortura y con seguridad las penas que se van a aplicar son muy bajas.
¿Cuántos años implica ser condenado por el delito de homicidio preterintencional con causal?
Ocho años y de acuerdo a la legislación venezolana ni siquiera irían presos. Estarían bajo régimen de presentación. Por eso es que homicidio preterintencional con causal es una atenuante del propio homicidio preterintencional, que ya es una atenuante del homicidio; es decir, se está buscando imponer la pena más baja, de tal manera que incluso ni siquiera los funcionarios sean privados de libertad.
¿Por qué Provea registra más casos de tortura en la Dgcim y el Sebin, y la GNB, PNB y el Cicpc salen como los componentes de seguridad con menos denuncias de derechos humanos?
Las personas torturadas por el Cicpc, generalmente no denuncian porque a diferencia de los disidentes políticos detrás está su familia, hay organizaciones, hay un partido político. El Cicpc tortura mucho, pero la gente denuncia muy poco, porque se inhibe al propio torturado que generalmente termina en una cárcel, y los familiares suelen ser bastantes humildes y les cuesta denunciar más. Eso no quiere decir que el Cicpc no torture, o que las FAES no torture, este último realiza muchas ejecuciones extrajudiciales, pero nosotros nos basamos solamente en las denuncias que recibimos.
¿Qué se puede esperar en materia de derechos humanos en el país, en lo que resta de año?
Si no hay mayor presión internacional sobre la actuación de los cuerpos policiales y militares en Venezuela, si no se mantiene la voz en alto frente a los temas de la tortura, no solamente vamos a tener más tortura en lo que resta del año, sino más ejecuciones extrajudiciales. No creo que haya un cambio significativo porque hay unos patrones instalados en el gobierno de Maduro ejecutados a través de estos organismos represivos. Es muy importante que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pueda crear esa comisión internacional de investigación, porque puede ayudar a que bajen los altos niveles de impunidad que tenemos.