Ágatha Reyes | LA PRENSA DE LARA.- El Estado venezolano se ha convertido en una gran maquinaria de impunidad y de abuso contra los ciudadanos. Tal afirmación corresponde a Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea, al señalar que el informe de la Misión de Verificación de Hechos de la ONU, eleva el tono de denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos en el país, y particularmente a las prácticas de ejecuciones extrajudiciales que son amparadas por las instituciones del Estado.
Según la Misión de la ONU, en seis años al menos 2.530 personas perdieron la vida en, presuntos enfrentamientos contra funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Estas muertes principalmente fueron a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que registra el mayor número de ejecuciones con 925 víctimas, sin que exista algún tipo de investigación por parte de las instituciones.
En los testimonios recolectados, las propias víctimas han precisado la ausencia de la institucionalidad para dar respuestas a las violaciones de derechos humanos, lo que según Uzcátegui evidencia que existe una «falta de vocación del Ministerio Público para investigar estos hechos. También existe una ausencia de la Defensoría del Pueblo para proteger a la ciudadanía, pero en especial hay una política de Estado que intenta controlar a una población a costa de la violación a sus derechos humanos».
En el informe detallan que entre 2014 y 2018, el Cicpc fue la fuerza de seguridad más involucrada en muertes con 45,4% del registro, sin embargo, en 2019 fue la FAES el organismo identificado como el autor en la mayoría de las ejecuciones con un 64,5%.
Estas dos fuerzas de seguridad fueron responsables del 59% de los asesinatos en los seis años examinados por la Misión de Hechos de la ONU, ambas instituciones dependientes del Ministerio de Interior y Justicia a cargo de Néstor Reverol.
Las acciones de estos cuerpos presentaron un patrón de acción, pues los funcionarios entraban en las casas sugiriendo que se había realizado una «labor previa de inteligencia» sin embargo, los exFAES entrevistados por la Misión ONU aseguraron que el trabajo de inteligencia era deficiente, por lo que el margen de error estaba presente, además de que familiares de las víctimas confirmaban la forma de actuar y agregaron que aparentaban un supuesto enfrentamiento a tiros.
Uzcátegui indicó que lo dicho por la Misión evidencia que las prácticas de los cuerpos de seguridad ante la mirada del Alto Gobierno son sistemáticas y repetitivas. «Esto sugiere que hay tolerancia y órdenes para prácticas abusivas y cuentan con la participación de las instituciones y altos funcionarios a diferentes niveles», acotó.
A su juicio, las personas objetos de allanamientos se han convertido en especie de «botín de guerra», pues la denuncia en todos los casos es que los policías se llevaron bienes básicos, alimentos, ropa y objetos de valor de las casas de las víctimas. «Esto constituye un incentivo para los asesinatos, principalmente por los salarios de los policías o que los asesinatos eran relacionados con retribución o dinámica de poder dentro de las relaciones delictivas», precisa quien además insiste en que las actuaciones de los cuerpos de seguridad han pasado a ser procesos para generar control social y dominio de la población.
Antes y después
Para Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, el informe de la Misión marca un «antes y un después» en materia de derechos humanos, pues abre una posibilidad aun mayor para una investigación desde la Corte Penal Internacional (CPI), pues da rostro a responsables de los crímenes de lesa humanidad.
Según el informe de la Misión, altos cargos del gobierno estarían al tanto de las torturas aplicadas por funcionarios de seguridad y de la «luz verde» otorgada para la práctica de ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, Juan Guaidó, indicó que en Venezuela la ciudadanía se enfrenta a un grupo «criminal» y comparó a Maduro con Muammar Gaddafi y Saddam Hussein , por sus violaciones y las actuaciones con tinte de terrorismo.