Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA.- Un total de 44 días han pasado desde que las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) bajaron la guardia en Lara, tras el informe publicado de ONU sobre Derechos Humanos que denunció crímenes de lesa humanidad por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, pues desde el 16 de septiembre hasta la fecha, sólo se ha registrado un muerto en manos del grupo élite de la PNB.
Septiembre ha sido la cifra más baja que ha registrado las FAES en cuanto ha muertes desde 2018, cuando iniciaron sus operaciones en la región larense. El 24 de septiembre murió Harvis Eduardo Guaidot Rodríguez en un presunto enfrentamiento, luego que lo señalaran de ser miembro de la banda del «Santanita» y según los reportes policiales lo estaban buscando desde junio, pues estaba vinculado a los dos últimos ataques a concesionarios, «encargados» por alias «Santanita».
Según los registros que a diario lleva LA PRENSA, en junio solo murieron seis hombres, mientras que en julio fueron nueve. En agosto las cifras rojas volvieron a dispararse en Lara y 22 hombres murieron en manos de las FAES, mismo mes donde el cuerpo policial asesinó a los periodistas Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Torres, ambos trabajadores de Guacamaya TV en el estado Zulia.
Tras la muerte de esos trabajadores de la prensa, el fiscal general Tarek William Saab, envió un mensaje claro las FAES: «parar las actividad«, esto luego que afirmara que los funcionarios del Zulia «quisieron encubrir la ejecución extrajudicial de dos inocentes como si fuese un enfrentamiento armado».
«De las experticias realizadas y con protocolos de necropsia se determinó que las víctimas se encontraban en un estado inferior a su tirador, de rodillas o sentados, con lo que se ratifica la hipótesis de ajusticiamiento», detalló el fiscal quien señaló a ocho funcionarios como los responsables de la muerte de los trabajadores del medio regional.
Pero el segundo mensaje y más contundente habría sido el demoledor informe de la ONU, donde señalan que autoridades venezolanas y grupos armados cometieron flagrantes abusos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Luego del informe LA PRENSA consultó a Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG Provea, quien señaló que el informe de la Misión de Verificación de Hechos de la ONU, eleva el tono de denuncia sobre las violaciones a los derechos humanos en el país, y particularmente a las prácticas de ejecuciones extrajudiciales que son amparadas por las instituciones del Estado.
Según la Misión de la ONU, en seis años al menos 2.530 personas perdieron la vida en, presuntos enfrentamientos contra funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado. Estas muertes principalmente fueron a manos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que registra el mayor número de ejecuciones con 925 víctimas, sin que exista algún tipo de investigación por parte de las instituciones.
Según las cifras que registra LA PRENSA, entre la segunda quincena de septiembre y octubre se cometieron 10 muertes en manos de los cuerpos de seguridad, cuatro del Cicpc, tres del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro (Conas), uno de las FAES y dos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).