Osman Rojas | LA PRENSA de Lara.- La presencia de malaria en el territorio nacional deja en evidencia las fallas en el sistema de salubridad en Venezuela pues en 1961 el país fue declarado como tierra libre de paludismo superando a potencias como Estados Unidos y España. Hoy, 58 años después, esa proeza parece una utopía pues Venezuela es el país con más casos de paludismo en el mundo según revelan organizaciones internacionales.
Esta realidad no aparece de la noche a la mañana pues ya en el 2015 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial para la Salud (OMS) venían denunciando la presencia de paludismo en el país. Tanto es el brote de esta enfermedad en Venezuela que se estima que Sifontes, un municipio del estado Bolívar, es la zona con más paludismo en todo el continente Americano.
Oscar Noya, coordinador del centro de estudios para la malaria, calificó, en enero del 2018, el brote de la enfermedad como «una epidemia brutal de paludismo en Venezuela». Esta advertencia lejos de activar los protocolos de seguridad hizo mucho más hermética la entrega de informaciones. De hecho en el país todos los datos que se manejan son extraoficiales pues el Gobierno nacional no entrega informes epidemiológicos desde el año 2013.
«Se trata del mayor incremento de malaria que existe actualmente en el mundo por la rapidez y por la cantidad de casos», dijo la doctora Adriana Tami, de la Universidad de Carabobo (Valencia, Venezuela) al hablar sobre el desarrollo del paludismo en el país.
Todos los descuidos epidemiológicos y la falta de controles en las zonas endémicas propicia la propagación de una enfermedad que ya no es un problema que compete única y exclusivamente a los habitantes del estado Bolívar. Se estima que 20 de los 24 estados del país tienen casos autóctonos de paludismo. «Tenemos una epidemia sin control, que anteriormente estaba concentrada y localizada, y ahora estamos en una fase de diseminación de la enfermedad», dijo en una entrevista publicada en Contrapunto Félix Oletta, médico internista, exministro de Sanidad y sanitarista.
El especialista ve con preocupación cómo esta enfermedad crece a pasos agigantados pues estima que para finales de año el país podría tener al menos a 2 millones de personas infectadas con paludismo. «Son 16,6 millones de habitantes que están viviendo en situaciones de riesgo», alerta el médico.
De acuerdo a las estadísticas que maneja la OMS Venezuela se convirtió en tierra de malaria debido a la falta de inversión en la medicina preventiva pues se estima que el Gobierno solo destina 0,3 centavos de dólar al año por persona para combatir esta afección, aunque se necesitan poco más de 2 dólares. Pero hay más: el programa nacional de control de malaria fue abandonado, la entrega de medicamentos se centralizó
Lo que más alerta a las autoridades es que no sólo los números de morbilidad han incrementado en el país pues la tasa de mortalidad también sufrió un alza importante pues se estima que para en el 2018 fueron unas 400 las personas que murieron por paludismo en el país. Esta cifra es realmente alarmante en especial si se toma en cuenta que, para finales del año 2000, la cantidad de muertes por malaria era tan sólo de 20 personas.
Todo el mundo busca su dorado
La grave crisis económica que atraviesa el país es la causa de la propagación del paludismo en el territorio nacional. Aunque esto no será reflejado nunca en los boletines epidemiológicos el gremio médico sabe que la fiebre del oro y del dólar que ha invadido a la población venezolana los lleva a buscar ingresos en zonas no tradicionales. La explotación del arco minero es de gran atractivo para las personas que se van en busca de divisas y piedras preciosas y regresan infectados con una enfermedad que, de no ser tratada, es mortal.
De esta forma se puede empezar a explicar el alza de la enfermedad en zonas no tradicionales como el estado Lara, lugar en donde no se encuentra el vector (mosquito que lo transmite) y; sin embargo, los casos no han parado de llegar. «No son casos autóctonos. Todos los casos registrados en el estado son traídos de afuera», insisten en decir desde la Contraloría Ambiental.
María Teresa Pérez, diputada a la Asamblea Nacional por el estado Lara (AN) e integrante de la Comisión de Salud del Parlamento explica que este patrón se repite en todo el territorio nacional pues la gente se va en busca de oro y expone su vida. «Desde siempre ha sido así. La promesa de mejoras económicas mueve a estas personas que van al estado Bolívar a ver qué consiguen y regresan infectados», explica la parlamentaria.
Bolívar no es el único lugar en donde va la gente que termina contagiada con paludismo pues algunos reportes indican que países como Colombia o Brasil, sitios a donde ha llegado la enfermedad debido a la gran cantidad de venezolanos que migran, también son focos de contaminación.
«La crisis hace que las personas se movilicen de un lado a otro y prácticamente en todas partes hay paludismo lo que significa que en cualquier sitios las personas pueden adquirir esta enfermedad«, comenta el doctor René Rivas, presidente del Colegio de Médicos en el estado Lara.
La fiebre del oro no es algo nuevo pues desde años las personas han viajado a sitios como Sifontes en el estado Bolívar en busca de su dorado; sin embargo, esta práctica se ha hecho mucho más habitual en los últimos años y según los expertos, el presidente Nicolás Maduro es el máximo responsable de esta situación.
Rafael Orihuela, profesor de Medicina Tropical en la Universidad Central de Venezuela considera que la decisión del Ejecutivo de tolerar la explotación descontrolada del Arco Minero del Orinoco es un catalizador de estos brotes de paludismo, «sobre todo en el municipio Sifontes del estado sudoriental de Bolívar, donde se desarrolla buena parte de la minería ilegal: casi el 90 por ciento de los venezolanos con malaria vive allí o fue picado allí por mosquitos anopheles, transmisores del parásito que causa el paludismo», acota. Martin Llewellyn, profesor de Epidemiología Molecular en la Universidad de Glasgow, Escocia, coincide con Orihuela en que el Gobierno debió haberle prestado especial atención a Sifontes cuando orquestó su ineficaz campaña antimalárica hace tres años.