Ana Uzcátegui | LA PRENSA de Lara.- Tras ser señalados como conspiradores por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, los representantes de las Organizaciones de Derechos Humanos de Lara y del país, catalogaron de «locura» la pretensión del gobierno de investigar a todas las ONG que reciben financiamiento de organizaciones de Estados Unidos o de otros países, con el propósito de entregar donativos como medicamentos, alimentos a familias con desnutrición, y prestar asesoría o ayuda a personas que requieren defensa.
«Si hacen eso, perjudican a los más necesitados que son los beneficiados. Son millones de personas que en este país viven en pobreza extrema y no tienen acceso, por ejemplo, a una medicina de alto costo porque son pacientes crónicos«, indicó Carlos Nieto Palma, director de la ONG Una Ventana a la Libertad, con 22 años promoviendo los derechos de los privados de libertad.
A su criterio, estas medidas son una reacción del Gobierno tras el embargo que aplicó EE.UU.& ;al país el 6 de agosto. «Presumimos que como el oficialismo se ve asfixiado porque ya no tiene el mismo ingreso de divisas, ahora se quieren apropiarse de los recursos de las ONG, que están haciendo las funciones que le corresponde al Estado en materia de ayuda social», dijo al argumentar que estas amenazas no son nuevas, porque en el año 2006 y 2010 el expresidente Hugo Chávez y la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo, discutieron el Proyecto de Ley de Cooperación Internacional, y en el 2015 lo volvieron a llevar a quórum, sin pasar de la primera discusión.
Este proyecto de ley, señala en su artículo 2 que «se aplica a todas las acciones y programas que se realicen en el marco de la cooperación internacional relacionadas con la recepción, transferencia e intercambio de bienes, servicios, tecnología, fortalecimiento de las capacidades institucionales, formación del talento humano y recursos materiales, económicos, financieros; tanto del ámbito público como del privado, desde el exterior hacia la República y desde Venezuela hacia al exterior», es decir, de aplicarse, los recursos estarán supervisados por el presidente.
Ángel Torres, coordinador de Rescate Venezuela en Lara, una de las 10 que están activas en Lara, informó que a pesar de las amenazas, el gobierno no podrá limitar el trabajo de la Red de DD.HH nacional.
«Podemos comprobar cómo los recursos recibidos para aplicar los proyectos son invertidos en los más necesitados. Diosdado pretende politizar el trabajo de las ONG, pero no lo podrá hacer». Informó que la mayoría del financiamiento que reciben, provienen de venezolanos en el exterior y de la Agencia de los EE.UU para el Desarrollo Internacional (Usaid).
«Llegamos a más de 8 mil personas en Lara con entrega de alimentos, medicamentos y kits de higiene y la entrega la hacen médicos voluntarios, no políticos, porque trabajamos sin ideología», aseguró.